Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para instar al Gobierno central a que, “mientras se produce el cierre definitivo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València”, el Ministerio del Interior elabore un informe público de periodicidad anual sobre el estado de sus instalaciones y los servicios a los internos de Zapadores.
“La existencia de los CIE ha provocado rechazo entre la ciudadanía y cada vez son más las voces que piden cerrarlos como respuesta a las denuncias reiteradas que han hecho varias organizaciones en defensa de los derechos humanos a raíz de las vejaciones, opacidad, agresiones y falta de celo en las medidas de custodia sobre personas que no han cometido ningún delito”, denuncia la diputada y portavoz de Derechos Humanos de Compromís en Les Corts, Cristina Rodríguez.
Como ejemplo, la coalición recuerda que en 2019 hubo que lamentar la muerte en julio del joven Marouane Abouobaida, “en circunstancias aún por esclarecer”. “Desgraciadamente, también en diciembre de ese año, hemos conocido el caso del venezolano R.Y, internado en el CIE de Zapadores. El joven, con el VIH, grabó unas imágenes con su móvil en las que denunciaba las 'condiciones inhumanas del centro'”, añade la diputada.
Rodríguez recuerda que en 2015 el Parlamento Valenciano aprobó una resolución en la que declaraba la Comunitat como zona libre de centros de internamiento de extranjeros e instaba al Gobierno a iniciar su cierre.
En este contexto, la coalición sigue exigiendo el cierre de los CIE e insta al Ejecutivo de España a elaborar informes anuales sobre el de Zapadores de València, con el objetivo de “acabar con la opacidad que mantiene sobre este tipo de centros”.
Compromís pide que este informe contenga, “al menos”, el número de personas internas desglosado por país de origen y género, el motivo del internamiento, los días de estancia, el número de agentes policiales que trabajan en el centro o la descripción y dotaciones personales y materiales del servicio de asistencia médica y sanitaria, así como de los servicios de asistencia social con que cuenta el centro.
También reclama a Interior que detalle los servicios de abogacía e interpretación realizados durante el año, una descripción de los protocolos específicos seguidos con las mujeres internas, el número de acompañamientos hechos por organizaciones no gubernamentales y la implementación del resto de medidas abordadas para salvaguardar los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento jurídico a los internos.