El parlamento valenciano ha aprobado dos leyes para combatir la pobreza energética y facilitar vivienda a las personas con rentas bajas con los votos de los partidos en el gobierno -PSPV-PSOE y Compromís- y su apoyo parlamentario (Podemos) y la oposición de PP y Ciudadanos.
La ley social de la vivienda ataca la falta de acceso a un techo por tres vías: la protección de las personas que van a ser desahuciadas, la expropiación forzosa y temporal de las vivendas en procedimiento de desahucio y medidas para forzar el uso de las viviendas de grandes propietarios -con más de diez- que tengan sus casas vacías.
Por su parte, la ley de lucha contra la pobreza energética pretende evitar los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad -que tendrá que ser acreditada por los servicios sociales- y un plan de eficiencia energética que, desde el Gobierno, ayude a los hogares a reducir el gasto.
Protección frente al desahucio
La ley establece que los propietarios de vivienda “en situación de emergencia social” que vayan a ser desahuciados de su casa -siempre y cuando sea la única que tengan y vivan en ella- tendrán derecho a alquilar el inmueble.
La Generalitat fijará el precio y lo pagará a las empresas -la norma afectará básicamente a bancos, promotoras e inmobiliarias- durante al menos tres años. Después, la familia beneficiada, que también contribuirá al pago del alquiler en función de sus posibilidades , podrá optar entre seguir arrendada -asumiendo íntegramente el coste- o recomprar la vivienda.
Expropiación forzosa a los bancos
Si los bancos, sus filiales inmobiliarias o las entidades de gestión de activos -los grandes propietarios- no se acogen al procedimiento anterior, se les podrán expropiar -de manera temporal- las viviendas de las que se haya desahuciado a familias en “emergencia social”.
Con arreglo a las leyes vigentes, la Generalitat expropiará el inmueble y lo cederá, también de manera temporal, a la familia afectada por el desahucio. Ésta asumirá el pago del alquiler en función de sus posiblidades y con un tope del 25% de sus ingresos.
Multas a los grandes propietarios que no saquen sus viviendas al mercado
La ley también prevé multar a los propietarios de más de 10 viviendas que desarrollen su actividad en el sector residencial y que mantengan sus propiedades fuera del mercado. La administración se movilizará para detectar ese parque ocioso -en base al padrón, el uso de agua y luz o declaraciones de vecinos- y declarará como “vivienda deshabitada” aquella sin uso durante al menos dos años.
Si el propietario no saca al “mercado de renta” esa vivienda en un plazo de seis meses, la Generalitat prevé “multas coercitivas” equivalentes al alquiler de una vivienda pública. El objetivo del gobierno valenciano es movilizar gran parte del 15% de viviendas vacías que hay en la autonomía, unas 500.000, según la conselleria del ramo. De éstas, se desconoce cuanta hay en manos de los grandes propietarios.
Suministro de energía forzoso
La ley también obliga a las “administraciones” a garantizar el “derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades de convivencia en situación de riesgo de exclusión residencial mientras dure dicha situación”.
“Sin perjuicio de las competencias estatales”, la Generalitat establecerá “obligaciones de servicio público” para las compañías del ramo. Éstas, de entrada, deben comunicar cualquier corte de suministro a los servicios sociales municipales. Las Corts Valencianes también han aprobado este miércoles una proposición de ley para paliar y reducir la pobreza energética.
Una ley anticonstitucional e inútil
El PP ha votado en contra de la ley de vivienda, calificada de “engendro”, una ley “Frankenstein”. Según la diputada Elisa Díaz la normativa puede ser anticonstitucional, invade competencias del estado y no soluciona ninguno de los problemas que ataca, entre otras cosas, porque no estaría respaldada por el presupuesto necesario.
El Consell Jurídic Consultiu, el asesor legal del gobierno valenciano, cree inconstitucionales algunos articulos que irían contra el derecho de propiedad. El PP, desde el gobierno central, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varias leyes similares aprobadas en Andalucía, Navarra, Euskadi o Canarias.
Evitar los cortes de luz y ayudas para pagar las facturas
Tras este debate, les Corts han aprobado la propuesta de Podemos para luchar contra la denominada pobreza energética. El término hace referencia la dificultad para pagar los suministros básicos de electricidad, gas y agua y así lo define la ley.
Esta medida busca evitar que las compañías hidroeléctricas dejen sin abastecimiento a las familias que no puedan pagar la luz por no disponer de la renta suficiente, es decir, que estén en situación de exclusión social o vulnerabilidad.
La situación de vulnerabilidad tendrá que ser acreditada por la Generalitat en base a los informes de los servicios sociales, a petición de los ayuntamientos u otras entidades locales. Una vez acreditado el hogar se procederá a la solicitud de ayudas para pagar las facturas y, en caso de que una empresa quiera cortar el suministro por impago, deberá comunicarlo antes a los servicios sociales para comprobar que dicho hogar no se encuentre en situación de vulnerabilidad.
Además, si se declara un hogar como vulnerable, los servicios sociales podrán inspeccionar que se cumplan los requisitos para recibir las ayudas. Estas se prestarán durante seis meses y serán renovables si se mantiene la situación de emergencia en las familias.
La normativa prevé la creación de una Agencia para que realice “micromedidas” destinadas a reducir el gasto eléctrico en los hogares. Esta entidad deberá elaborar planes anuales de eficiencia energética y hábitos de consumo, así como analizar las facturas para proponer medidas de reducción del gasto.
Si una empresa decide cortar el suministro a familias que estén tramitando su situación para acogerse a las ayudas o no comunica a los servicios sociales el corte de suministro será sancionada con una multa de hasta 15.000 euros. Si lo hace en más de una ocasión durante el mismo año y en el mismo municipio, la multa puede ascender hasta los 601.000 euros, en función de los daños causados.