Un total de 163.220 personas solicitaron asilo en España durante el año 2023, lo que supone un 37 por ciento más que en 2022, según ha revelado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe 'Más que cifras'. En la Comunitat Valenciana la cifra ascendió a 8.041, con lo que se convirtió en la sexta autonomía con mayor número de peticiones.
La entidad ha indicado que se trata de otro año consecutivo de “récord histórico” y que hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total suman 195.000 desde el 24 de febrero de 2023.
Sin embargo, la organización ha lamentado el descenso de resoluciones favorables del 16,5% al 12% actual, que rompe la tendencia al alza de los dos últimos años y se aleja de la media europea, que se situó en torno al 40% en 2023.
El documento de la ONG refleja que las peticiones de asilo fueron un 37% más que el año anterior, “pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo”. En esta línea, denuncian las “dificultades para conseguir citas, para manifestar la voluntad y formalizar las solicitudes de asilo, que se siguen cronificando y dejan a miles de personas en un limbo legal durante meses, lo que vulnera la Directiva Europea de Procedimientos, según recuerda la organización”.
La organización también indica que el 53% de los solicitantes de asilo fueron presentadas por hombres y el 47% por mujeres, 22.593 más que el año anterior. Además, el 19% del total de las peticiones fueron formalizadas por menores de edad acompañados por sus familias.
En cuanto a las solicitudes, el 97% de las mismas se presentaron en territorio y tan solo el 3% en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas y Consulados españoles.
Por Comunidades Autónomas, el mayor número de solicitudes de asilo se realizó en la Comunidad de Madrid, con 52.684; le sigue Andalucía, con 25.948; Cataluña, con 14.775; Canarias, con 8.621; Galicia, con 8.438; Comunitat Valenciana, con 8.041; Castilla y León, con 7.357; Aragón, con 6.438; Euskadi, con 6.153; Castilla La Mancha, con 5.787; Murcia, con 3.127; Asturias, con 2.437; Cantabria, con 2.384; Navarra, con 2.171; Extremadura, con 1.782; Baleares, con 1.610; Melilla, con 1.382; Ceuta, con 1.285; y La Rioja, con 794.
Venezuela, Colombia y Perú, el 79% de las solicitudes
Por nacionalidades, señala que Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) representan casi el 79% del total de solicitudes. Completan el listado de las diez primeras nacionalidades Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador. “Confirman un año más que la mayoría de las personas que solicitan asilo en España llegan a nuestro país a través de frontera aérea”, asegura.
No obstante, apunta que este año ha aumentado “el número de personas que tienen que arriesgar su vida para llegar a Canarias, y esto se aprecia con la irrupción de Senegal entre los principales países de origen, ante la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país africano, entre otros motivos”.
Además, muestra que las solicitudes de nacionales de Rusia casi se triplicaron. “Cada vez más personas de este país tienen que huir desde que comenzó la invasión de Ucrania, debido sobre todo al reclutamiento forzoso y a la situación de deterioro de los derechos humanos, especialmente para las personas LGTBIQ+”, lamenta.
Asimismo, explica que, en total, se registraron 88.042 resoluciones, de las que un 40% fueron desfavorables, un 47% se resolvieron vía razones humanitarias (un tipo de protección menos garantista que se concede en su inmensa mayoría a personas de Venezuela) y apenas un 12% fueron favorables: a 11.163 personas se les concedió el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.
Por otro lado, expone que “siguen aumentando alarmantemente las solicitudes pendientes de resolución en España”. “Un total de 191.095 personas esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida y su acceso a derechos fundamentales. Se trata de un 56% más que el año pasado, cuando ya la situación era extremadamente preocupante”, añade.
Igualmente, recalca el aumento del reconocimiento de protección a personas de El Salvador y Honduras (del 30 al 35% y del 16 al 22%, respectivamente), “muchas de ellas amenazadas por la violencia de las maras”, afirma. También agrega que se ha incrementado la protección a las personas de Nicaragua (del 24% al 64%) “debido en gran parte a la violencia política que azota el país centroamericano”.
Además, destaca que casi el 94% de las solicitudes de personas de Colombia fueron resueltas negativamente y denuncia “las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios en este país”.