La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía del Estado en la que más crecen los desahucios por impago de la hipoteca, solo por detrás de Catalunya. En el primer trimestre de 2022, último periodo en el que se han contabilizado los datos, se ha registrado un aumento del 53% de estas actuaciones judiciales, pasando de 468 a 741.
El Consejo General del Poder Judicial destaca un aumento del 20% de las ejecuciones forzosas, sumando casos de lanzamiento de alquiler y de vivienda hipotecada en su informe sobre efectos de la crisis en los órganos judiciales. El cómputo global pasa de 1.553 en el último trimestre de 2021 a 1.863 en el primero del 2022, de los cuales un 39,7% están vinculados al impago de hipotecas. El informe, que se publica con carácter trimestral, tiene como objetivo mostrar el volumen de los procedimientos y ejecuciones más directamente afectados por las fluctuaciones de la actividad económica, como desahucios, concursos de acreedores o demandas por despido.
El informe apunta que “a pesar del fuerte incremento experimentado por los lanzamientos que derivan de los procesos de ejecución hipotecaria” en el último trimestre, en términos interanuales se han reducido un 16%. En el primer trimestre del pasado año se produjeron 1.253, mientas que en el primer trimestre de 2022 fueron 1.042. En cualquier caso, destaca el órgano judicial, la Comunidad Valenciana ocupa el primer puesto del país en número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con el número de habitantes, con una tasa de 20,5, por delante de Murcia, con una tasa de 19, y Andalucía, con un 16,5.
El organismo judicial también refleja un descenso en los procedimientos judiciales -juicios verbales posesorios- por ocupación ilegal de viviendas. En 2022, los juzgados de la Comunidad Valenciana han celebrado 91 procedimientos de este tipo, un 5,2% menos que el año anterior, y han resuelto la misma cantidad de ellos. La cifra hace referencia a procesos en los que el titular de la vivienda ocupada es una persona física, entidad sin ánimo de lucro o una entidad pública propietaria de una vivienda social.
La Comunitat Valenciana cuenta con varios recursos públicos para mediar antes de que se produzca un desahucio. La Generalitat Valenciana habilitó el pasado año una Unidad Antidesahucios como servicio de la Conselleria de Vivienda, que hasta marzo atendió 1.600 casos y paralizó cerca de 150 desahucios. En la ciudad de València, el Ayuntamiento habilitó a finales del pasado año una Oficina por el Derecho a la Vivienda, que en enero, según datos del consistorio, ha frenado 41 desahucios.