La diferencia entre la vida y la muerte la marca, muchas veces, el dinero. Este punto de partida lo tiene muy presente la familia de Víctor Parada, un joven al que los apuros económicos han perseguido en los últimos años hasta empujarlo a una cárcel de Kuala Lumpur. En Malasia lleva cinco años preso por transportar 450 gramos de cocaína. Si consigue un buen –y costoso- abogado, tendrá más posibilidades de no morir en la horca. Este lunes, el pleno del Ayuntamiento de Alcoi aprobará una declaración institucional firmada por todos los grupos políticos para reclamar al gobierno boliviano mayor implicación en el caso de alguien que durante años fue vecino del pueblo y carpintero en la localidad cercana de Benilloba.
Víctor Parada llegó a la localidad de Benilloba en 2003. Allí estaban su madre y sus tres hermanas. Pronto se sacó los estudios de carpintería y empezó a trabajar montando estanterías. Tenía la vida encauzada pero llegó la crisis y en 2009 la policía lo detuvo por no tener la documentación en regla. Tras pasar 15 días retenido, fue deportado a su país. “En ese momento no tenía ninguna oferta de trabajo, ni asesoramiento de un abogado de migración por no tener recursos económicos para poder pagarlo”, explica su madre Silvia Vargas a través de un comunicado enviado desde Bolivia.
En el país sudamericano pudo encontrar trabajo como carpintero pero, casado y con un hijo recién nacido, tuvo que pluriemplearse para llegar a fin de mes. En 2011 estaba ejerciendo como soldador para una empresa sin contrato cuando pudo sortear una viga de hierro de 800 kilos que le iba a caer encima. “Salvó su vida pero no llegó a tiempo de apartar la mano derecha, que se le ha quedado totalmente inútil”, relata su hermana mayor, Yoli Parada.
“En Bolivia no existe la Seguridad Social, si no tienes dinero no te atienden y te mueres”, añade esta mujer residente actualmente en Alcoi. La empresa no le quiso indemnizar y la familia Parada Vargas se hizo cargo de los costes sanitarios. “Intentaron salvarle los dedos pero fue imposible porque la mano se le reventó por dentro”.
Pasado un tiempo y tras haberse recuperado, Víctor pudo volver a la misma empresa, pero no duró mucho pues al haber perdido la movilidad de la mano lo echaron. Entonces, a los problemas económicos se sumaron los familiares. Su mujer se va de casa en mayo de 2013 y abandona a Víctor y a su hijo en común, Lucas, rememora Silvia.
En los próximos meses todo ocurre muy deprisa. Víctor sigue sin encontrar trabajo y se ve sumido en una serie de deudas que no puede saldar con el que resultó ser un traficante que le amenazó con hacer daño al menor si no hacía de mula. La desesperación, explica la familia, le llevó a embarcarse con 450 gramos de cocaína en un vuelo con destino a Malasia. El 27 de octubre de aquel año reciben una llamada. Víctor había sido detenido.
Comenzó entonces la lucha legal para sacar de la cárcel al carpintero convertido en traficante a la vez que trataron de traerse a España al pequeño Lucas, que empezó a vivir con unos vecinos de Víctor. Toda la familia se vuelca en ahorrar dinero para el abogado y calculan que a través de préstamos se habrán gastado hasta el momento 50.000 euros entre abogados, traductores y viajes a Malasia.
Llegó más tarde el juicio y el veredicto lo leyó el juez el pasado 5 de enero de 2018. Culpable de tráfico de drogas. Condenado a la pena de horca. “Casi me muero de dolor, estoy destrozada”, asume la madre. Por suerte, pueden recurrir y ahora tendrán un año y medio de plazo para preparar el siguiente juicio. Año y medio de esperanza que están aprovechando para, de nuevo, ahorrar dinero: “si no tienes dinero, no tiene ninguna posibilidad”, señala Yoli.
Ahora, la madre de Víctor se encuentra mejor desde que está con su nieto en Bolivia. Silvia tiene la patria potestad del menor pero necesita la autorización de un juez para traérselo a España porque si no la embajada española no le da la visa.
Aunque quizá la principal esperanza pase por el parlamento malayo donde se tendrá que debatir la modificación de la Ley de Drogas Peligrosas la cual, a instancias del gobierno, se ha pedido acabar con la pena de muerte por delitos de tráfico de drogas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alcoi dará otro paso este lunes para ayudar al que fuera su vecino con una declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos y que servirá para otra acción que la familia plantea para el Ayuntamiento de Madrid. El objetivo es que el gobierno de Bolivia “empiece a hacer algo” por su ciudadano.