À Punt podría tener beneficios si la Agencia Tributaria le permitiera deducirse el IVA anual. Es la conclusión que apunta el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que aprobó las cuentas del ente público el pasado viernes. En un comunicado, la cadena pública asegura que tendría unos beneficios de 1,4 millones de euros “si la Agencia Tributaria no hubiera cambiado el criterio de deducción”.
La cuenta de resultados consolidada del grupo daría un beneficio de 1.415.829 euros, teniendo en cuenta la subvención de 70 millones de la Generalitat para la prestación del servicio público, apunta la corporación, que indica: “En este ejercicio, la repercusión del impuesto ha sido de 10.447.106 de euros, incluyendo parte de los posibles intereses de ejercicios anteriores”.
La cadena pública arrastra este conflicto con Hacienda desde 2020, cuando la Agencia Tributaria homogeneizó el criterio para las televisiones autonómicas y marcó que estos entes públicos no pueden deducirse la totalidad del IVA. La resolución de Hacienda, que abarca los presupuestos desde el año 2016 hasta el 2020, obliga a À Punt a devolver 24 millones de euros. El ente público recurrió la decisión, que afecta a casi la mitad de su presupuesto, y la Generalitat Valenciana se comprometió a asumir la deuda del pasado ejercicio para no afectar a la programación a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos. Esta previsión está recogida también en una cláusula cuarta del contrato programa entre la CVMC y el Consell de la Generalitat para los años 2021-2023.
El ente público interpuso reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana que aún se encuentran pendientes de resolución. “Es importante resaltar que la Inspección consideró que no existe indicios de la comisión de ninguna infracción tributaría y, por lo tanto, no inició procedimiento sancionador contra las entidades”, indica la corporación, que reconoce haber tenido problemas de tesorería.
“La complejidad para encontrar un mecanismo financiero para llevar a cabo el artículo 52 -referente a la ley de presupuestos- ha generado problemas puntuales de tesorería especialmente relevantes en la SAMC, en ningún caso un efecto imputable a la gestión interna, aprobada cada año por los diferentes órganos de fiscalización”, afirma el comunicado, que apunta que “otras televisiones autonómicas han afrontado la situación con un aumento del presupuesto por parte de la administración”.