El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves apoyar la reciprocidad de emisiones de televisión y radio de À Punt, TV3 e IB3 entre la Comunitat Valenciana, Catalunya y las Illes Balears. Esta propuesta ha sido un punto incluido dentro de la PNL (proposición no de ley) impulsada por diferentes entidades culturales del territorio español en defensa de la igualdad lingüística y fue llevada al parlamento por Unidas Podemos, Compromís, ERC, Junts, PDeCAT, la CUP, PNV, Bildu, BNG y Más País, y resultó aprobada gracias al voto favorable del PSOE, pese a la negativa de PP, Vox y Ciudadanos.
Ante esta aprobación, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y Escola Valenciana se han felicitado al considerar que es un precedente muy importante aprobar una propuesta “en defensa de la igualdad lingüística y que pone fin a la discriminación que sufren las lenguas no castellanas del Estado frente al castellano”. Las entidades valencianas han impulsado esta PNL junto con organizaciones de otros territorios como Ciemen, Plataforma por la Lengua, Òmnium Cultural, Kontseilua, A Mesa Pola Normalizacion Lingüística, Iniciativa Pol Asturianu, Nogara-Religada y Obra Cultural Balear.
Las entidades valencianas muestran su satisfacción por este impulso a la reciprocidad y destacan que con ello se pone fin “a la censura de TV3 en el País Valenciano impuesta por el Gobierno del PP del presidente Camps y hasta ahora no levantada por los gobiernos valencianos posteriores”.
Uso administrativo de la lengua común
Pero esta PNL también tiene otro punto que afecta al uso del valenciano. Así, también se ha aprobado permitir el uso administrativo de las diferentes lenguas entre territorios del mismo espacio lingüístico, dentro y fuera de las fronteras administrativas.
Con ello se reconoce el derecho de las administraciones autonómicas y locales del ámbito lingüístico catalán (por lo tanto, valencianas, catalanas y baleares) a comunicarse entre ellas en la lengua común.
Esto pondría solución también a una problemática que ha llegado al Tribunal Supremo, y que ha obligado al uso del castellano entre estas administraciones pese a que tengan una lengua común diferente al castellano.