El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, un organismo paneuropeo no dependiente de la UE que reúne a 47 países, ha detectado ochos casos de presuntos malos trataos en comisarías y prisiones valencianas durante su última visita a España.
En el caso de las prisiones, se trata de dos casos en el centro penitenciario de Albocàsser, la cárcel con más de denuncias por torturas de España, tal como informó este diario. En el centro penitenciario Castellón II, un tercio de los más de 75 presos entrevistados por la delegación del CPT, encarcelados en módulos cerrados, alegaron haber sido maltratados con bofetadas, puñetazos, patadas y porrazos.
Así, un preso declaró que el 14 de agosto del 2020 fue golpeado tras una discusión con un funcionario de prisiones. Los registros oficiales muestran que se aplicaron cuatro minutos de fuerza mínima para inmovilizar al preso después de que, al parecer, diera una patada al detector de metales de la entrada del módulo e intentara agitar a otros presos.
Otra recluso afirmó que el 7 de agosto de aquel año denunció que tras habérsele retirado una medicación se autolesionó y, cuando varios funcionarios lo inmovilizaron y esposaron, recibió patadas y puñetazos de camino a una habitación para ser fijado en una cama. El equipo del CPT considera que las lesiones que refleja el parte médico “difícilmente podían considerarse compatibles con un régimen de contención mecánica a una cama”.
En sus alegaciones, el Gobierno español desveló que tras una visita del secretario general de Instituciones Penitenciarias “se evidenció” la existencia de esas conductas “individualmente o en grupos de trabajo concretos” por parte de algunos funcionarios. La visita comportó el cese de “aquellos directivos que no sumaban esfuerzos para trabajar en la consecución del objetivo común de erradicar patrones negativos”, según refleja el informe.
El CPT también ha detectado casos de malos tratos físicos, “especialmente de golpes con porras de goma y de inmovilizaciones dolorosas e inadecuadas para contener a pacientes muy agitados”, en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent (Alicante).
Otros seis casos reseñados en el informe corresponden a comisarías de Valencia. El dueño de una cafetería denunció que el 22 de septiembre del 2020 fue empujado y golpeado por un uniformado en una comisaría de la ciudad. “Otros agentes le agarraron de los brazos, se los retorcieron y le aplicaron las esposas con fuerza”, reza el informe. Un médico del CPT “observó marcas de esposas en ambas muñecas y una hemorragia subconjuntival en el ojo izquierdo cuando el detenido fue entrevistado unas 10 horas después”, agrega. El Gobierno alega que el hombre se alteró en comisaría “llegando al punto de arremeter contra uno de los agentes y tener que ser reducido, ofreciendo resistencia activa mediante patadas, manotazos y escupitajos”.
Una persona detenida en un parque de Valencia asegura que fue golpeado con una porra por un agente durante una detención. Cuando fue llevado al hospital, la radiografía mostraba una fractura en dos costillas. “En el informe médico no se indicaba la causa de la lesión, mientras que en el informe policial se indicaba que se había autolesionado”, señala el CPT. En sus alegaciones, el Gobierno explica que el detenido fue interceptado tras haber atracado con arma blanca un supermercado y que, en el momento de desarmarlo, cayó al suelo “golpeándose contra un banco del mobiliario urbano, siendo trasladado acto seguido a un centro sanitario para recibir asistencia médica”.
Otra persona, detenida el 8 de agosto del 2020, fue trasladada a una comisaría, donde asegura que “estando aún esposado por la espalda, fue arrojado al suelo y sometido a patadas y puñetazos en el cuerpo y la cabeza”. La Jefatura Superior de Policía de Valencia indicó que “en su ingreso en calabozos el detenido no presentaba ningún menoscabo físico” y que fue trasladado a los servicios sanitarios posteriormente, durante su custodia, “al haberse autolesionado en el interior de su celda”.
Otro detenido, esta vez en Torrent el 19 de junio del 2020, denunció que seis agentes le propinaron varias patadas en las piernas. Además, mientras era trasladado en un vehículo a la comisaría con las manos esposadas a la espalda, dijo que le dieron un puñetazo en el estómago y en la cara supuestamente porque los agentes querían que confesara un robo. Al ingresar en prisión cuatro días después, el médico de la prisión observó “hematomas periorbitales” en el ojo izquierdo y, además, una fotografía tomada en ese momento por razones administrativas mostraba el mismo ojo negro. En este caso, el Gobierno no respondió al CPT.
Un ciudadano extranjero relató que el 11 de junio del 2020 fue detenido por agentes de paisano que, una vez puesto en el suelo, le habrían apuntado con una pistola a la cabeza y propinado varios porrazos en el cuerpo. “Tras un periodo de unas seis horas de estar arrodillado mientras estaba esposado, todos los sospechosos fueron trasladados a la comisaría de Zapadores y, posteriormente, al hospital. Otra persona entrevistada en un módulo de la prisión de Picassent describióÌ haber presenciado cómo esa persona era maltratado por los agentes. La Policía, por su parte, alega que el hombre se autolesionó en su celda.
Un detenido denunció ante el CPT que el 21 de mayo del 2020 fue agredido durante el traslado a la comisaría. Los agentes afirmaban que estaba armado con un cuchillo y supuestamente lo tiraron al suelo, le esposaron las manos a la espalda y le propinaron varios golpes con un objeto duro en la nuca, la frente y la nariz. El informe médico señala una herida que que requirióÌ cuatro grapas en el cuero cabelludo, así como una contusión nasal. El Gobierno alega que la detención se produjo tras una persecución y un enfrentamiento físico con dotaciones de seguridad ciudadana de la Policía Nacional.