El Consell contará con la Viceintervención General de Control de los Fondos Comunitarios y Subvenciones, que tendrá como función específica la fiscalización de estas partidas y velar por una gestión transparente de estas las ayudas europeas, además de revisar actuaciones susceptibles de haber amparado presuntas comisiones ilegales del 3%, tal y como ha anunciado este miércoles la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
Esta decisión viene a colación de la misiva remitida por la Comisión Europea al Gobierno central en la que solicitaba al ministerio de Hacienda que investigue qué proyectos cofinanciados con fondos europeos podían haberse visto afectados por casos de presunta corrupción. Todo ello a raíz de que se destapara la operación Taula y el caso Imelsa.
La decisión de la Generalitat responde a la “inquietud” de Bruselas y a que se busca rectificar la “mala praxis” de Gobiernos autonómicos anteriores que han provocado la pérdida de mucho dinero. Así, se potenciará la vigilancia y fiscalización de los recursos procedentes de Europa.
Nuevas sanciones
La vicepresidenta consisdera que “hay un problema” que puede generar nuevas sanciones, motivo por el cuál se ha aumentado el control: “queremos que sepan que hay un gobierno responsable que entiende que los fondos públicos, vangan de donde vengan, se deben gestionar con transparencia y responsabilidad”.
Oltra también ha precisado que las sanciones son consecuencia del falseamiento del déficit por parte del Consell de Alberto Fabra. “¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos la incompetencia y mala fe de unos gobernantes?”, se ha preguntado
Por ello, no ha dudado en exigir responsabilidades a los responsables de esta sanción, aunque para ello se está estudiando “el qué, quién y cómo”.
1.325 millones irrenunciables
La consellera de Igualdad se ha referido al Plan de Ajuste remitido al ministerio de Hacienda para poder recibir el Fondo de Liquidez Autonómico correspondiente a 2016, en el que se exigen como “irrenunciables” 1.325 millones para poder cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. De igual modo, reivindican la “irrenunciable” reforma del sistema de financiación.
Oltra ha insistido en que, si no se aprueba la nueva financiación y no se incluyen los 1.325 millones de euros, “o no se cumple el objetivo de déficit o tendríamos que empezar a anular derechos fundamentales”. No obstante, ha puntualizado que en ningún caso se aplicarán recortes a los servicios fundamentales.
El Plan de Ajuste contempla una reducción del presupuesto del sector público y fundacional del 7,45% para contener el gasto público.