En pleno estallido de la operación que ha estrechado aún más el cerco sobre el PPCV, el Consell añade un problema judicial más a los populares. El conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís), y el titular de Hacienda, Vicent Soler, han trasladado a la Fiscalía el informe que la Intervención General de la Generalitat Valenciana realizó sobre la empresa pública encargada de la construcción de los colegios, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa). Y en el que se pusieron de manifiesto varias irregularidades y sobrecostes en sus tareas.
La decisión tomada después del pasado pleno del Consell se ejecuta para que “la justicia esclarezca las irregularidades cometidas en la gestión de los recursos de los valencianos en materia de infraestructuras escolares”. De hecho, el informe revelaba que las escuelas construidas por Ciegsa costaban un 36% más caras que las edificadas por la propia Generalitat Valenciana. El documento también ponía de manifiesto que los colegios se construyeron a precios similares a los de los pisos de los tiempos de la orgía del ladrillo.
La mercantil pública, además, ha sido protagonista estos días porque fue uno de los lugares que la Guardia Civil registró en el marco de la Operación Taula, derivada de la investigación que afecta a Imelsa. Con uno de sus exresponsables detenidos, Máximo Caturla, se sospecha que se pudieran haber cobrado comisiones vinculadas a esas construcciones. Que los mayores sobrecostes se produjeron durante la etapa de Caturla al frente de la mercantil pública alimenta las sospechas.