“El PP aseguró que la Fórmula 1 no iba a costar nada a los valencianos y solo el año que viene la Generalitat tendrá que hacer frente a 43,5 millones de euros por diferentes créditos relacionados con la prueba”.
Así ha denunciado este jueves la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, los gastos que deberá abonar el Consell, es decir, todos los valencianos, a lo largo del año que viene, tras cuatro años desde que se celebró la última carrera.
Salvador ha revelado que solo las obras de construcción del circuito urbano y de adecuación de los tinglados para acoger los boxes y el paddock han tenido un coste de 98,1 millones de euros y un sobrecoste medio del 22,6%.
Para financiar parte de este proyecto, la Generalitat solicitó en su momento un préstamo de 60 millones de euros a pagar de 2016 a 2023 a razón de 7,5 millones de euros al año. A este se sumó otro crédito circulante de 36 millones a abonar el año que viene, lo que junto a los 7,5 suman los 43,5 millones mencionados anteriormente.
Salvador ha criticado el enorme despilfarro que ha supuesto la Fórmula 1 para las arcas públicas: “Esta es la política que ha llevado a cabo el PP en esta conselleria en la que ha primado gastos que dijeron que no se iban a producir en algo que ha tenido tan poca repercusión en el día a día de los ciudadanos como ha sido este evento”.
La consellera ha añadido que han dado traslado a la Fiscalía y al juzgado que investiga la gestión de este evento de dos facturas impagadas por Valmor (empresa creada para gestionar y organizar las carreras) que ascienden a 617.000 euros correspondientes al alquiler de los tinglados 4 y 5 del puerto para los boxes, entre otros aspectos.
Además, ha denunciado que solo han aparecido facturas correspondientes a la prueba celebrada en los años 2008 y 2012, de lo que deduce que el resto de años (2009, 2010 y 2011) Valmor usó estas instalaciones de forma gratuita.
A todos estos gastos hay que añadir los 111 millones de euros en concepto de canon por la celebración de las carreras en Valencia durante cinco años, otros 24,8 millones en concepto de organización, 22 millones de euros de Canal 9 por los derechos de retransmisión y los 34,2 millones de euros que asumió la Generalitat al comprar la empresa Valmor, operación por la que están imputados Francisco Camps, la exconsellera Lola Jhonson y el expiloto Jorge Martínez Aspar.
Los tres debían haber declarado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) el pasado mes de noviembre, pero finalmente su comparecencia quedó aplazada sin fecha hasta escuchar a todos los testigos y tener traducidos todos los contratos y documentos del inglés al castellano.