Una empresa con un 2,2 millones de patrimonio neto. El conseller de Educación del Ejecutivo valenciano de PP y Vox, el popular José Antonio Rovira, figura como administrador único de la firma Rojo Inver SL. La empresa, domiciliada en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), fue fundada hace más de dos décadas con un capital social de 1,2 millones de euros y se erige en una firma puramente instrumental que no cuenta con trabajador alguno. Su administradora única inicial, la hermana del conseller, fue sustituida por José Antonio Rovira el 12 de mayo de 2015. Un año antes la sociedad registró una ampliación de capital de 490.000 euros, según los datos consultados por elDiario.es en el Registro Mercantil.
Actualmente, la firma cuenta con un capital social de 1,7 millones de euros. En 2021, Rojo Inver Sl declaró unos resultados de 52.231 euros, ligeramente por encima de los del año anterior (46.422 euros) y pagó 17.350 euros en concepto de impuestos.
La empresa del conseller, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y a la compraventa y promoción de edificaciones, disparó su activo corriente en el último ejercicio cerrado (pasó de 31.904 euros en 2020 a 85.071 euros al año siguiente), básicamente gracias al aumento de las inversiones financieras a corto plazo, según revelan las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil. La sociedad tuvo abiertas inspecciones de Hacienda para cuatro ejercicios. Este diario ha preguntado al departamento que dirige Rovira, sin obtener respuesta, si el conseller se ha dado de baja de la mercantil.
José Antonio Rovira ha protagonizado la primera crisis de gestión del Gobierno de Carlos Mazón con el inicio del curso escolar y el caótico proceso de adjudicación de plazas docentes. El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), UGT y CCOO han convocado este miércoles concentraciones de protesta en los centros educativos contra la “nefasta gestión” de Rovira al frente del departamento autonómico.
Rovira se encuentra en la misma situación que el vicepresidente de Vox, el extorero Vicente Barrera, que sigue figurando al frente de siete empresas. Barrera continúa vinculado a varias empresas que han depositado recientemente sus cuentas, entre ellas la distribuidora de vinos Marqués de Cáceres, que arrastra nueve inspecciones de Hacienda.
Otros miembros del Ejecutivo que preside Carlos Mazón han sido más ágiles a la hora de desvincularse de sus empresas. Es el caso del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien se dio de baja de su consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, de la que cesó como administrador único ocho días antes de ser nombrado en el cargo.
Por lo demás, la empresa del conseller Gómez, además de otra consultora actualmente extinguida, abonó pagos “sin justificación” a una trama corrupta que saqueó la sanidad pública valenciana, tal como informó este diario. El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, también cesó como presidente y consejero de Atitlan SA el pasado 5 de septiembre.