No fue solo la Conselleria de Hacienda, la de Industria o la Diputación de València o la Universitat. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus, desconvocó el pasado 28 de octubre una reunión con representantes sindicales prevista para el día siguiente, jornada de la catastrófica DANA. La misma mañana del 29 de octubre también alertó a sus agentes medioambientales de las comarcas con alertas meteorológicas para que se quedaran en sus oficinas o en otros lugares seguros por el peligro que podía avecinarse. Así lo afirma CGT, sindicato libertario que denunció a Mazón ante la Fiscalía Provincial de València por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El departamento autonómico, por su parte, no ha contestado las preguntas de elDiario.es.
CGT asegura que el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, desconvocó una reunión con representantes sindicales prevista para el 29 de octubre para evitar desplazamientos por carretera. Lo hizo, según el sindicato, a las 16.00 del 28 de octubre.
Por otro lado, la dirección general de Prevención de Incendios Forestales, que dirige la capitana de la Guardia Civil Rosa Touris, también dio instrucciones al personal del Plan de Vigilancia Preventiva de la empresa pública VAERSA para que no salieran al campo los días 29, 30 y 31 de octubre.
Además, el director general Luis Gomis dio instrucciones a los agentes medioambientales de las zonas declaradas con preemergencia de color naranja o roja para que no salieran al aire libre. La nota interna fue firmada a las 11.30 del 29 de octubre, mientras el president Carlos Mazón seguía con su agenda de actos ajenos a la DANA.
El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, explicaba: “En aquellas zonas donde se ha establecido preemergencia de color naranja o superior, los agentes que estén en turno no realizarán su trabajo en el medio natural, es decir, si las condiciones lo permiten llegarán a la oficina de demarcación, en caso contrario realizarán su trabajo en instalaciones seguras (oficinas de parques, Ayuntamientos, domicilio) y avisarán al jefe de comarca de la ubicación de cada agente, los desplazamientos serán por carreteras y se primará la seguridad personal y los trabajos de asistencia a los Ayuntamientos, auto formación y redacción de informes”.
La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ya tenía decretado la alerta nivel rojo —riesgo extremo— por lluvias y tormentas en el litoral sur de València, y situación de emergencia nivel 1 en la comarca de la Ribera Alta.
La reacción preventiva de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio la jornada de la catastrófica DANA, e incluso la víspera, no fue la única por parte del Ejecutivo valenciano.
La Conselleria de Hacienda suspendió un acto de elección de destino para funcionarios en una circular el lunes 28 a las 12:10 horas. La entonces consellera de Industria Nuria Montes también suspendió un acto con la patronal en València el 29 de octubre a las 17.00, según confirmaron fuentes del departamento autonómico a este diario. La Universitat de València había suspendido las clases el día anterior, una decisión criticada por Mazón pocas horas antes de la DANA.
Y la Diputación de València mandó a sus trabajadores a casa el mismo día de la DANA a las 14.00. Poco después de esa hora, el despreocupado president Mazón salió del Palau de la Generalitat para acudir a una polémica comida con la periodista Maribel Vilaplana que se alargó hasta pasadas las 18.00. Carlos Mazón llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana sobre las 19.30. La alerta masiva a los móviles se envió a las 20.11, cuando cientos de ciudadanos ya estaban atrapados.
El sindicato CGT denuncia en un comunicado que el Ejecutivo de Carlos Mazón conocía el peligro que suponía la DANA. CGT denunció el pasado 4 de noviembre a Mazón ante la Fiscalía Provincial de València por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El Ministerio Público remitió la denuncia a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV), que debe tomar una decisión sobre la competencia y la admisión o inadmisión.
“Toda la información de la Aemet fue difundida puntualmente por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la [entonces consellera] de Justicia e interior, Salomé Pradas, y en base a esta información, igual que en la Universitat de València, los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio hicieron lo que tocaba: avisar a su personal de campo del peligro que venía”, afirma el sindicato en un comunicado.
“Este hecho demuestra que el conjunto del Gobierno de la Generalitat Valenciana era conocedor de los peligros que suponía la DANA para el conjunto de las trabajadoras, y no solo para una pequeña selección”; afirma el sindicato, que tilda al Ejecutivo de Mazón de “criminal”.