Prosigue el juicio del caso Cooperación, en el que se juzga al empresario Augusto César Tauroni, presunto cabecilla de la trama, a Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad en el Consell de Francisco Camps, y otros ocho imputados, entre ellos exaltos cargos de la Generalitat Valenciana, por el desvío de gran parte de la subvención de 1,8 millones de euros concedidos a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua a la adquisición de cuatro inmuebles en Valencia.
Este viernes le ha tocado prestar declaración a Rafael Vicente Queralt, el Síndic de Comptes, en calidad de testigo. Según informa Europa Press, Queralt ha asegurado que la extinta conselleria de Solidaridad tendría que haber exigido a la Fundación Cyes la devolución del importe destinado a la compra de tres pisos y un garaje en Valencia, para lo que se utilizó el dinero de la subvención concedida en 2008 para el desarrollo de dos proyectos en Nicaragua. No obstante, no llegó a hacerlo nunca.
El Síndic de Comptes también ha explicado que durante la fiscalización de las ayudas a Cyes, se dieron cuenta de diferentes incidentes que fueron trasladando a la conselleria que dirigía Rafael Blasco hasta que elaboraron el informe final. De este modo, ha apuntado Queralt que advirtieron a Solidaridad que no consideraban justificada la experiencia previa de la ONG, puesto que sólo habían aportado un documento de una asesoría, así como tampoco los justificantes aportados para sustituir las facturas por la compra de pisos.