Después de más de 6 años de crisis, un rescate bancario de 41.300 millones de euros y un saneamiento financiero que hasta la fecha ha costado casi 108.000 millones de euros, cabe preguntarse si estamos mejor o peor que al comienzo de la crisis. Una buena pregunta en la que seguramente no nos pondríamos de acuerdo con nuestros gobernantes. Lo cierto es que se ha producido una reestructuración salvaje del sistema bancario español que se ha traducido en el cierre de numerosas entidades y oficinas bancarias, en el despido de miles de trabajadores del sector y lo que es peor, en la desaparición de una parte importante de la banca socialmente responsable.
La crisis financiera de unas cuantas cajas de ahorros producida por la mala gestión del riesgo crediticio y por su utilización política en favor de unos pocos, que ya estaban perfectamente identificadas y saneadas con dinero público, ha sido la excusa perfecta para conseguir algo que hacía ya varias décadas que venían buscando. Por fin han conseguido hacer desaparecer las cajas de ahorros, incluidas las que eran rentables y solventes, salvo dos de reducido tamaño y que quedan aisladas en su entorno geográfico, entregando todo su negocio bancario, que no era poco, a la gran banca española. Con la desaparición de las cajas de ahorros, transformadas en fundaciones bancarias privadas, desaparece también la obra social; una obra social que en el año 2008 llegó a superar los 2.000 millones de euros y que desde que estalló la crisis ha ido perdiendo peso hasta bajar a los 600 millones del 2013. Esta cantidad puede parecer alta, pero es que se han perdido 1.400 millones durante el camino, y más que se van a seguir perdiendo durante los próximos años.
Y ahora le toca el turno a las cooperativas de crédito, la única banca de proximidad y con carácter social que nos queda. Se está perfilando una reforma que de seguir adelante podría suponer la bancarización de las cooperativas de mayor tamaño (como se ha hecho con las cajas de ahorros), la desaparición de las más pequeñas (lo que no se ha hecho con las cajas de ahorros) y la fusión entre las que están en una posición intermedia, lo que supondría la eliminación definitiva de estas entidades. La concentración de las 65 cooperativas de crédito existentes actualmente en España en una sola, equivaldría a un banco intermedio y pasaría a formar parte del selecto grupo de los 6-7 grandes bancos españoles que controlan más del 80% del total del sector. Desaparecería así toda una estructura de entidades bancarias de ámbito local y comarcal dedicadas en cuerpo y alma a financiar la economía productiva de las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los emprendedores. Por cierto, una estructura que en cambio predomina en los países más sólidos de la Unión Europea como Alemania, Francia, Austria o Finlandia donde la banca cooperativa local alcanza cuotas del 25-30% del sector bancario.
Estamos por tanto ante una contra-reforma bancaria que lejos de resolver los problemas de fondo del sistema financiero español, los agrava aún más. La desaparición de las entidades bancarias, principalmente de las de menor tamaño y con carácter más social, supone la concentración del sector bancario y su conversión en un oligopolio financiero dominado por 6-7 grandes bancos, lo que representa un enorme coste social contrario a los intereses generales de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. En vez de potenciar una banca transparente, se consolida una banca opaca que mediante el secreto bancario favorece el blanqueo de dinero negro, el fraude y los paraísos fiscales; en vez de favorecer una banca social que destine sus inversiones crediticias al fomento de proyectos sociales y de medio ambiente, se refuerza una banca que financia empresas que deslocalizan su producción y empleo, que fabrican armas o que precarizan el empleo; en vez de favorecer una banca democrática y participativa se permite una banca cuyas decisiones están fuertemente capitalizadas y las diferencias salariales son de 1 a 100; y en vez de posibilitar la banca dedicada a dar crédito a la economía productiva y comprometida con el territorio se apoya una banca oportunista y que especula con el dinero público. Ese no es el camino, Señor Gobernador del Banco de España y Señor Ministro de Economía. Eso no es lo que necesita la sociedad. No necesitamos bancos que abusen de las comisiones por servicios, que impongan clausulas suelo, que no acepten la dación en pago ni la renegociación de la deuda hipotecaria o que estafen a los pequeños ahorradores con productos financieros de elevado riesgo como las participaciones preferentes o las cuotas participativas.
Necesitamos una banca socialmente responsable dispuesta a dar créditos a la economía productiva, una banca de proximidad arraigada al territorio y comprometida con él, una banca transparente y democrática y a la vez sólida, solvente y rentable también económicamente. Esa banca ya la tenemos, son las cooperativas de crédito y cajas rurales, pero ahora nos la quieren quitar para seguir alimentando el apetito insaciable de la gran banca. Movilicémonos como sociedad civil y consumidores bancarios para impedir que esto suceda.
Joan Ramon Sanchis Palacio publicó a finales de 2013 el libro La Banca que necesitamos