El PP de Valencia financió de forma irregular las campañas de la que fuera alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, de 2007, 2011 y 2015. Así se desprende de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado para el juzgado que investiga el caso Taula.
La documentación en la que basa el informe la UCO se refiere a la actividad de la empresa Laterne, que participó en 2007 en la organización de la campaña de Barberá al tiempo que tuvo importantes contratos con el Ayuntamiento que esta presidía. Las irregularidades se repitieron, con otras empresas implicadas, en las sucesivas campañas electorales.
El informe sitúa a Alfonso Grau, que fue vicealcalde de Valencia y mano derecha de Barberá, en el centro de la financiación irregular, tanto en lo que se refiere a su implicación en la organización de las campañas como en el manejo de los fondos con los que se sufragaban.
De esta manera corrobora la investigación lo que el caso Taula apuntó desde un principio: que el blanqueo de dinero por el que están imputados todos los concejales del PP de Valencia excepto uno solo sería un aspecto del funcionamiento de una caja B en el partido que funcionaba desde hacía tiempo.
La UCO asegura que actos electorales del PP se pagaban sin que eso se reflejara en la contabilidad oficial de la campaña.
El propio Grau, que después no declararía en ese sentido ante los jueces, y que fue juzgado y absuelto en el caso Nóos, insinuó en unas declaraciones en televisión en febrero de 2006 que, eso de que Barberá no sabía nada, “algo sí, eh, algo sí”.
La que fuera alcaldesa de Valencia, nombrada senadora de representación territorial, falleció en noviembre de 2016 en Madrid cuando estaba a punto de ser imputada en el caso Taula tras haber comparecido ante el Tribunal Supremo.