La corrupción, todavía

La corrupción en España es un problema estructural que persiste a pesar de las alternancias políticas y a pesar de las veces que se ha esgrimido como argumento para abatir al contrario haciendo creer a la ciudadanía que con el relevo político se solucionaba el problema. Nunca hubo voluntad de poner coto a la corrupción por parte de los partidos políticos dominantes y dudo que ahora la vaya a haber. Como diría Monterroso, “cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

España ha ignorado reiteradamente las recomendaciones de órganos internacionales como el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción); la Unión Europea y sus directivas promotoras de integridad pública, y la misma Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, a pesar de estar ratificada desde 2006. Se han desechado experiencias exitosas de países de nuestro entorno como la de Italia y su Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC) o Francia con su Agencia Francesa Anticorrupción (AFA). En la Comunitat Valenciana, tuvimos la Agencia Valenciana Antifrau (AVAF), ahora desarticulada. La OCDE acaba de publicar un informe que sitúa a España como uno de sus pocos miembros que no cuenta con una estrategia nacional contra la corrupción a pesar de que debía estar aprobada por imperativo legal antes de finalizar 2024. Se ha preferido fiarlo todo a los hechos consumados, al derecho penal, cuando el mal ya está hecho, ignorando la prevención o dejándola en manos de órganos dispersos sin capacidades investigadoras, faltos de independencia y de medios.

El problema no es solo penal, sino político y ético: sin órganos de control independientes adscritos al parlamento y recursos suficientes que integren la prevención, la investigación, la recuperación de activos, los conflictos de interés, el control de las declaraciones de patrimonio y actividades de políticos y funcionarios, la protección de las personas denunciantes y la promoción de códigos de integridad con gobernanza efectiva, la coordinación con la Fiscalía, la justicia y la Agencia Tributaria… Sin promover esta estructura especializada es evidente que tampoco habrá voluntad de limpiar las cloacas del poder y, en consecuencia, la corrupción seguirá siendo el alto precio que paga la ciudadanía y el sistema democrático con el auge de los movimientos totalitarios disfrazados de regeneradores.

La lista presente y pasada es interminable. Sin ganas de retroceder a la corrupta dictadura franquista ni entrar en las andanzas del anterior jefe de Estado Juan Carlos I, en el periodo constitucional, y sin pretender ser exhaustivo, nos encontramos con Gürtel, Kitchen-Bárcenas, Púnica, 3%-CiU, Palau-Millet, Pretoria, Terra Mítica, Fabra, EREs, Emarsa, Imelsa, Cooperación-Blasco, Lezo, Brugal, Noos, Palma-Arena-Jaume Matas, Túnel de Sóller, Ivex, Taula, Pitufeo, Comisario Villarejo, Cursos de Formación, UGT-Fraude subvenciones, Tarjetas Black-Caja Madrid, Canal-9, IVAM, Emperador-Gao Ping, Mascarillas, Erial-Zaplana, Bancaja, CAM, Azud (esa tangentopoli a la valenciana que une en un solo caso al arco parlamentario)... y otros más antiguos como Filesa, Roldán, BOE, Nasseiro, Calpe, Banco de España-Rubio, etcétera. Y el más actual, por ahora, que ha sacudido el país y amenaza con provocar un cambio de ciclo político, protagonizado por el trio del exministro y diputado José Luís Ábalos, su asesor Koldo García y el parlamentario y secretario de organización, Santos Cerdán, los tres del PSOE vinculados con empresarios mafiosos en unos escenarios de corrupción similares a los casos de toda la vida, mezclada de tintes zafios de casposa misoginia. Tampoco sirve seguir repitiendo aquello de que ya hay muchos controles, cuando en la práctica se demuestra una y otra vez que no funcionan, entre otras razones, porque habitualmente están colonizados por los mismos que no quieren que se les controle. Si con estos antecedentes alguien piensa que España no necesita una estrategia de prevención y lucha contra la corrupción es que prefiere que todo siga igual.

En la alternancia entre PP y PSOE, los dos partidos que han hegemonizado el poder político en España desde 1982, con cada cambio se prometía una acción regeneradora que en realidad era un espejismo engañoso, o lo que es peor, actuaba como una mecánica blanqueadora. Luego, una vez instalados en el poder, lejos de rendir cuentas por sus respectivos casos de corrupción, las direcciones de los partidos se desentienden rápidamente recurriendo a las conocidas frases huecas habituales: eso pertenece al pasado o nosotros respetamos las decisiones de la justicia. Una justicia cuyos procedimientos los corruptos saben que se eternizan y, si no se archivan, concluyen y sentencian cuando los políticos condenados están prácticamente en edad de jubilación, por lo que las penas de inhabilitación para cargo público les dan bastante risa y las de cárcel quedan en nada con las vergonzosas atenuantes de las dilaciones indebidas de las que nadie se responsabiliza en nuestro maltrecho sistema judicial, o también por la vía de la confesión o la conformidad, siempre a última hora después de años entorpeciendo la investigación y que en realidad son auténticas burlas al proceso. Por no hablar de las distintas varas de medir con las que trabaja la justicia: la magistratura todavía está buscando a un tal M. Rajoy.

Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania

En esta ocasión se está hablando de contratos públicos amañados. La contratación pública es uno de los sectores más perjudicados por las prácticas corruptas. En el 40% de los contratos públicos en España participa una sola empresa. Alrededor de 40.000 millones de euros anuales, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se pierden por la falta de presión concurrencial en la contratación pública. Entre el 10 y el 30% de una obra pública, según la OCDE, se pierde por malas prácticas y corrupción. Hasta el Tribunal de Cuentas Europeo advirtió en 2013 que construir un kilómetro de autopista, en iguales condiciones orográficas y técnicas, en España costaba el doble que en Alemania. A su vez, el FMI advertía que la cifra de la corrupción en España podría alcanzar los 70.000 millones deaeuros al año. Estos informes han llegado a todos los partidos, los respectivos gobiernos y también a los que están en la oposición. Sin ninguna consecuencia a pesar de que con esas millonarias cifras se estarían resolviendo muchos de los problemas que tiene la sociedad española.

¿Pero cómo se puede amañar un contrato público, una subvención, un planeamiento urbanístico o una enajenación de patrimonio público? El esquema para amañar un contrato, como en la mayor parte de las actuaciones corruptas, se puede representar gráficamente con la figura de un triángulo donde uno de los vértices lo ocupa el político corrupto, en otro vértice se sitúa el empresario corruptor y, finalmente, en el tercer vértice encontramos al funcionario que, desde su posición gestora, o de control de legalidad, o de control financiero le da apariencia de legalidad a todo el procedimiento administrativo. Para que la corrupción exista es imprescindible que este triangulo funcione perfectamente cohesionado. Pero a pesar de esta unidad inseparable de acción, en la inmensa mayoría de los casos solo se habla del político corrupto, muy poco del empresario corruptor y casi nada de la tecnoestructura que gestiona, realiza los pliegos técnicos, fija las cláusulas jurídico-administrativas, emite los informes jurídicos, técnicos y financieros que dan apariencia de rectitud legal al contrato fraudulento.

Cuando por los avatares electorales, o judiciales, se produce un cambio en el vértice político los otros dos vértices siguen intactos, como en el cuento de Monterroso. Al permanecer estos dos vértices, las células cancerígenas continúan dentro de la estructura predispuestas a reproducir el tumor una y otra vez. En las obras de reconstrucción de la DANA empresas involucradas en casos de corrupción están obteniendo grandes contratos por la vía del procedimiento de emergencia. Este procedimiento contempla la posibilidad de adjudicar directamente y sin concurrencia a la empresa que el órgano político de forma discrecional decide y, al contratar a una empresa corrupta o sospechosa de corrupción en vez de a una empresa limpia, el político adjudicador nos está dejando claro por dónde van sus intereses.

El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad

Estamos inmersos en una cultura en la que la corrupción ha creado su propio ecosistema de normalidad aceptada. El político corrupto cree que las mordidas son un merecido premio, una forma de compensar su entrega y dedicación sacrificada a su patria; un culto a su egolatría y una forma de aprovechar su paso por la política incrementando exponencialmente su patrimonio sin importarle que sea a costa de robar el dinero de la comunidad. Otras veces se lo cobran con puertas giratorias terminando en empresas de sectores de los que no tienen ni idea, pero donde reciben buenas retribuciones en pago a los “servicios prestados”. Cuando los sobornos van a la financiación del partido lo hacen con el objetivo de perpetuarse y asegurarse el poder. Por su parte, el empresario corruptor considera que el pago de mordidas es una forma de evitar la molesta competencia con otras empresas, garantizar sus negocios aumentando los beneficios y tener cogido al político y al funcionario cómplices que le darán nuevas ganancias con más contratos fraudulentos. Y, finalmente, el funcionario que participa en el amaño de contratos lo hace a cambio de congraciarse con el vértice político, quien le paga con privilegios, mejores retribuciones o promocionando su carrera por encima de la de los funcionarios honestos y cumplidores con la ley que lo superan en mérito y capacidad. El funcionario corrupto muchas veces ha accedido al empleo público mediante procedimientos también amañados y su agradecimiento a quien le ha regalado un sueldo de por vida sin merecerlo lo convertirá en el candidato idóneo para ocupar el tercer vértice del triángulo de la corrupción.

Estos corruptos de tercera fila son reconocibles fácilmente: colaboran servilmente y sin escrúpulos con el poder podrido señalándole quienes son los funcionarios honestos y cumplidores, promueven operaciones de acoso y difamación para aislarlos o desplazarlos y así garantizar la toma del control por parte de los corruptos. Al haber sido invisibles ante la Justicia en tantos casos de corrupción, esta tecnoestructura putrefacta ha alcanzado un enorme poder y sensación de impunidad.

Si tenemos el diagnóstico de tan grave enfermedad no debería ser tan difícil poner en marcha la terapia eficaz. La lucha contra la corrupción requiere algo más que broncas y declaraciones políticas retóricas, exige una catarsis nacional seguida de una firme voluntad política para poner en marcha una estrategia del Estado contra la corrupción con reformas profundas, mecanismos eficaces de prevención, detección, investigación, recuperación y sanción, estructuras de control independientes, protección de los denunciantes, cultura de integridad pública, ética y conductas ejemplares exigibles a los lideres políticos, desde las más altas instancias del Estado hasta el humilde servidor público de base. La experiencia internacional nos muestra el camino.