Las Corts Valencianes han aprobado convalidar el decreto-ley sobre plurilingüismo impulsado por el conseller de Educación, Vicent Marzà, con 50 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones. Ciudadanos ha abandonado el pleno para no participar de la votación de la norma al entender que existe un defecto de forma. De esta manera, el texto presentado por la conselleria obtiene rango de ley y se puede aplicar a la espera de posibles recursos ante el Tribunal Constitucional que solo pueden presentar el Gobierno, 50 diputados o senadores o el Defensor del Pueblo.
El pleno de hoy ha sido un nuevo ejemplo de la falta de acuerdo político en materia educativa, sobre todo cuando se tocan materias lingüísticas. Aunque el nuevo decreto-ley ha asumido las decisiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y no ha incorporado el artículo de las certificaciones de lengua, el PP y Ciudadanos han continuado arremetiendo contra la norma al considerar que vulnera derechos fundamentales, al contrario de lo que ha fallado el TSJ que ha negado que exista ninguna vulneración de principios fundamentales de la Constitución. De hecho, el Ministerio de Educación tampoco ha puesto reparos al decreto inicial -del que emana el actual- tras atender el departamento de Marzà sus recomendaciones.
Los grupos políticos se han vuelto a enzarzar en un duro debate con descalificaciones y reproches y donde se han vivido numerosas interrupciones y peticiones de palabra para réplicas ante “ataques al honor”. Marzà ha defendido que el decreto-ley presentado y aprobado por el Consell el pasado viernes 1 de septiembre y convalidado hoy llega “para dar seguridad jurídica al inicio de curso”. El conseller ha argumentado que la norma tiene todo el apoyo de la comunidad educativa y de los padres. “Tres cuartas partes de los centros han querido avanzar -en referencia a los colegios que han optado por niveles avanzados de plurilingüismo- porque no querían seguir en un modelo fracasado como el de 2012 del PP”, ha afirmado el conseller de Educación.
El síndic socialista, Manolo Mata, ha sido el primero en salir en defensa del decreto. Mata ha acusado al PP de haber mentido para desacreditar el decreto-ley y se ha preguntado por qué la Diputación de Alicante -“que tiene competencias para repartir dinero a los pequeños municipios”- ha presentado un recurso al decreto de plurilinguismo, acción que provocó la suspensión cautelar inicial y que ha obligado al Consell a aprobar el decreto-ley que se debatía hoy. Mata ha afirmado que la norma “fomenta la cultura del esfuerzo” y ha ironizado que “cuando lo dicen Pamesa o Juan Roig todo el mundo aplaude”, en referencia a la oposición “beligerante” del PP. Para el síndic socialista, “la derecha” ha querido sabotear “un proyecto noble y justo”.
La diputada del PP, Beatriz Gascó, ha sido la encargada de marcar la posición de los populares. Gascó ha pedido a los grupos que sostienen el Consell que no votaran el decreto-ley porque “tiene visos de inconstitucionalidad al vulnerar derechos fundamentales como la libertad o la igualdad”. “Vuelvan ustedes al decreto de 2012 como les ha ordenado el TSJ”. Para la diputada popular, que fue directora general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística en el Consell de Alberto Fabra, el decreto-ley se ha elaborado “para tomar el pelo al TSJ”. “Es un ataque vergonzoso a la división de poderes y a la seguridad jurídica”, ha sentenciado.
Ciudadanos no ha tenido una postura tan dura como el PP pero en algunos momentos también se ha crispado el debate entre sus diputados y los grupos que sostienen al Consell. La diputada Merche Ventura, de la formación naranja, ha acusado al Gobierno valenciano de aprobar un decreto “mordaza” y de validar un decreto-ley con la única intención de “trampear” al TSJ.
Desde Podemos, su diputado César Jiménez ha asegurado que cuando era pequeño también tenía “autoodio” respecto a la lengua pero fue un maestro el que le enseñó a “quererse”. “Manuel Garcia Grau -ya fallecido- me enseñó a quitarme ese autoodio y a amarme”, en referencia a los alumnos que se burlaban del valenciano y lo consideraban una lengua menor.
Esta afirmación provocó la indignación en el PP. Gascó pidió la palabra y defendió que no odia el valenciano. “Vengo de una familia valencianohablante, pero lo que defiendo es la libertad de elegir”, ha dicho.
Josep Nadal, diputado de Compromís, ha fijado la posición de la coalición. “Estamos aquí porque el PP utiliza el Gobierno y la diputación de Alicante como arietes contra el Consell”, en referencia al recurso del ente provincial que provocó la suspensión cautelar del primer decreto. “Hago un llamamiento a aprobar el decreto por los derechos de las familias castellanohablantes”, ha concluido, en referencia a que la norma ayudará a que esos alumnos consigan un plurilingüismo efectivo.