Las Corts citan a la cúpula de Canal 9 por la manipulación del accidente de metro
La Comisión de investigación sobre el accidente de metro en Valencia que causó 43 muertos en 2006 ya tiene un plan de trabajo. Los cuatro partidos que cooperan en este asunto –PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos; el PP votó en contra de iniciar las pesquisas parlamentarias- pedirán 82 informes o documentos y citarán a 70 personas.
Entre ellas, parte de la cúpula de Canal 9, la televisión pública valenciana ahora cerrada. La comisión quiere analizar en detalle el papel de los medios públicos en torno al accidente. “Las mentiras y el ocultismo del PP”, según Alexís Marí, de Ciudadanos. Por ello, Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Lola Johnson, directora de Canal 9, Luis Motes, director de informativos, y Frederic Ferri, presentador, han sido llamados a declarar.
Se les interrogará sobre el tratamiento informativo del accidente, uno de los más graves de la historia del transporte público en Europa. En su momento, la asociación de víctimas, la oposición y otros colectivos criticaron el tratamiento informativo de Canal 9. La cadena pública no alteró su programación, restó relevancia a la noticia en sus informativos o incluso la obvió pocos días después del accidente, coincidiendo con un despliegue especial por la visita del Papa a Valencia.
García, Johnson, que fue consellera en un gobierno de Francisco Camps, y Motes, están imputados por varias causas relacionadas con el supuesto saqueo de Canal 9, que fue cerrada abruptamente con más de 1.200 millones de deuda. Ferri, que ahora es concejal del partido apoyado por Podemos en Paterna, ha sido citado por su denuncia pública sobre manipulación en RTVV. Todos tienen la obligación legal de acudir al parlamento valenciano.
El argumentario contra las críticas, a escrutinio
La comisión de investigación también intentará esclarecer la contratación de una empresa de comunicación, H&M Sanchis, para que elaborara un argumentario para rebatir las críticas contra el gobierno valenciano. El contrato, cuyo coste exacto se desconoce, se negoció sin el preceptivo concurso público y elaboraba respuestas para transmitir una sola conclusión: el accidente no se debió a ninguna deficiencia técnica o de seguridad. De forma implícita, se descargaba toda la responsabilidad en el maquinista. La exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, fue imputada por el asunto.
Camps y Cotino, a declarar
Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, Víctor Campos, vicepresidente, y Juan Cotino, exconseller, también serán citados. Según Ana Barceló, del PSOE, “tienen la obligación legal de comparecer”. Las Corts Valencianes, igual que el Consell, quieren que la comisión sirva para buscar y establecer la verdad, reparar a las víctimas y, en su caso, establecer y depurar responsabilidades políticas.
El PP, bajo cuyo gobierno se produjo el accidente y se celebró una comisión de investigación sin apenas resultados, trabaja por su cuenta. No se ha unido al resto de partidos en la investigación del accidente ocurrido hace casi 10 años.
