La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó (de Vox), ha admitido a trámite una propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por Juan García Sentandreu, histórico líder de la ultraderecha extraparlamentaria, para aprobar una “ley de defensa de las señas de identidad valenciana”. Massó, según una resolución del pasado 21 de noviembre, acordó remitir el expediente de la propuesta a la Junta Electoral valenciana, tal como establece la normativa autonómica en materia de ILP. Se trata de una secuela de la polémica Ley de Señas de Identidad, aprobada en solitario por el PP en 2015, antes de perder las elecciones, y criticada por el Consell Valencià de Cultura y por las universidades públicas. El Gobierno del Pacte del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, derogó la norma que cuestionaba la autoridad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y avalaba a entidades secesionistas.
El texto impulsado por García Sentandreu pretende considerar “ilegal” el uso de la denominación de País Valenciano (reconocida en el preámbulo del Estatut d'Autonomia) por parte de medios de comunicación, empresas e incluso particulares. La propuesta, de dudoso encaje constitucional, también pide que ningún partido político, sindicato, medio de comunicación o “sistema educativo” pueda sostener que valenciano y catalán son la misma lengua (un hecho avalado por el consenso académico y por la propia AVL).
“Ninguna entidad, academia, universidad o centro docente, tenga carácter público o privado (...), puede cuestionar lo que se expresa aquí”, reza el texto, que también aboga por la creación de un Instituto de Defensa de las Señas de Identidad Valencianas en colaboración con la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), un ente marginal que ha sido agraciado con subvenciones públicas en los primeros presupuestos del Ejecutivo valenciano de PP y Vox presidido por el popular Carlos Mazón.
La propuesta pretende que los incumplimientos (usar la denominación de País Valenciano o apoyar la unidad de la lengua, en la línea de la AVL y del conjunto de la filología mundial) se consideren “infracciones administrativas” sancionables. En el caso de que sea un funcionario público se consideraría una “falta muy grave”, se le suspendería “inmediatamente” de sus funciones y se la abriría un expediente disciplinario.
Para rematar, la propuesta indica que “cualquier delito contra las personas, las propiedades o las señas de identidad recogidas en esta ley, fomentado, promovido o incitado, directa o indirectamente por el catalanismo, tiene consideración de delito de odio o de discurso de odio”.
La medida perseguiría a gran parte de la sociedad valenciana, empezando por la principal formación de la oposición (el Partido Socialista del País Valenciano) o los sindicatos CCOO y UGT, que usan en sus siglas la denominación históricamente demonizada por el blaverismo (el movimiento que aboga por el secesionismo lingüístico).
Entre los impulsores de la ILP figura, entre otros, Manuel Latorre Castillo, expresidente del Grupo de Acción Valencianista (GAV). Juan García Sentandreu es un histórico líder de la extrema derecha valenciana, candidato en 1982 de Falange Española de las JONS. García Sentandreu fue uno de los impulsores de Vox en València hasta su distanciamiento de la dirección del partido.
La disputa del voto 'blavero'
El exfalangista se presentó en 2020 a las primarias del partido de Santiago Abascal en València y, tras perder, denunció a José María Llanos, actual portavoz de Vox en las Corts Valencianes, por un supuesto “fraude” en el proceso interno.
Con la admisión a trámite de la propuesta de ILP, la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó, da un balón de oxígeno a las entidades secesionistas, de carácter marginal, que impulsan una ley más radical que la que aprobó el PP en 2015 para arrastrar el voto blavero.
Antes de vencer en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, el actual president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se comprometió a aprobar de nuevo una Ley de Señas de Identidad. La recuperación de la norma es uno de los puntos que figura en el acuerdo programático rubricado entre el PP y Vox para gobernar.
La ley aprobada por el PP en 2015 declaraba Bien de Interés Cultural (BIC) los 'bous al carrer' y preveía la pérdida de subvenciones para las entidades cuyas actividades supusieran un “agravio o menosprecio” a las señas de identidad. También incorporaba un reconocimiento a la capacidad docente de entidades como la RACV y Lo Rat Penat.