El Parlamento valenciano retoma su calendario de sesiones el próximo lunes, 11 de mayo, y empiezan a trabajar en la creación de la comisión de reconstrucción de la Comunitat Valenciana por la crisis del coronavirus. De momento, la actividad presencial de los diputados se reduce a tres días semanales y solo en horario matinal.
Según ha acordado la Junta de Síndics, los seis grupos tendrán hasta el martes 12 para elegir a sus representantes en la comisión que trabajará en el pacto valenciano de reconstrucción. La constitución del grupo de trabajo está prevista para el viernes 15.
Mientras tanto seguirá la tramitación de iniciativas y los plazos establecidos en el reglamento. También se mantendrán todas las proposiciones no de ley (PNL) presentadas hasta ahora para su debate en las próximas comisiones, a propuesta del president, Enric Morera.
Tras la diputación permanente de esta semana, el lunes se reabrirá el periodo de sesiones con la comisión de justicia para debatir tres proposiciones no de ley. El miércoles 13 se reúne la comisión de agricultura con la comparecencia de la consellera del ramo, Mireia Mollà.
Por parte de los grupos del Botànic, el socialista Manolo Mata ha llamado a un “gran pacto” aprendiendo de la pandemia y ha destacado la predisposición del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, para escuchar a las fuerzas políticas, económicas y sociales.
Fran Ferri (Compromís) ha pedido que en orden del día de la comisión esté la distribución de fondos del Gobierno además de medidas sanitarias, económicas, sociales y de gobernanza. Ha criticado el reparto “nefasto” realizado hasta ahora y que “la derecha solo propone recortar en derechos”.
Por parte de Unides Podem, Naiara Davó, ha apuntado como objetivos proteger el empleo, generar inversiones y ampliar derechos para “una Comunitat a la altura de su ciudadanía”. En lugar del “plan raquítico de algunos”, ha abogado por expandir lo público y renovar los consensos: “La mayor pandemia de nuestra historia requiere que nos arremanguemos de verdad. No son tiempos de pensar en pequeño”.
Entre la oposición, Isabel Bonig (PP) ha reclamado que el pacto sirva para “empatizar con la gente que está sufriendo: las empresas, pymes y autónomos” tras los datos “desoladores” del paro de abril. Después, cuando la comisión eche a andar, ha avisado que habrá que hacer las modificaciones legislativas y de presupuestos pertinentes.
Toni Cantó (Cs) ha insistido en que la comisión sea mixta con el Consell y la sociedad civil, como un órgano “dinámico” que se reúna más de una vez por semana con profesionales de prestigio. “Ya era hora de que el tripartito permitiera la reapertura de Les Corts”, ha celebrado, exigiendo que la Generalitat rinda cuentas sobre su gestión del coronavirus y recorte en presupuesto y sector público.
Por parte del grupo de extrema derecha Vox, Ana Vega ha rechazado que la comisión sea de reconstrucción porque “el objetivo es proteger vidas y la economía” y ha avisado que no se sentarán si pretende dar más competencias a las comunidades autónomas. Ha exigido la dimisión de las conselleras de Sanidad y Políticas Inclusivas, Ana Barceló (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís), por “negligencia y mala gestión”.
El parlamento valenciano vuelve así a la normalidad pero siguiendo las garantías de “máxima eficiencia sanitaria”. Entre las medidas, el acuerdo de este martes establece la limitación de la actividad presencial a tres días a la semana, preferentemente alternos y solo de 10 a 14 horas.
Los plenos y comisiones se celebrarán en el hemiciclo, aunque cabe la posibilidad de que sean telemáticamente si lo decide la Mesa de Les Corts de acuerdo con los portavoces. Se permitirá el voto a distancia, ya que todas las sesiones contarán con un número reducido de diputados, y se autorizará el acceso de un asistente por persona.
Otras precauciones son que las reuniones de la Mesa y la junta de síndics continuarán siendo virtuales, salvo que vean necesario presencialmente, y que la entrada al edificio se hará exclusivamente por la puerta de la olivera.
El acuerdo recomienda que la asistencia de diputados sea “la mínima imprescindible” y mantendrá la prohibición de que accedan medios de comunicación, salvo autorización expresa de la Mesa y el cierre de la cafetería y el comedor. Tampoco se permitirán visitas individuales o grupales ni el acceso de público.