La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Cotino batalla su inocencia en el juicio de la visita del Papa mientras otros acusados ya han devuelto más de medio millón

Las cuestiones previas que se dirimen en el jucio de la pieza separada del caso Gürtel que evalúan el robo de 3,4 millones de euros a través de mordidas de la retransmisión de Canal 9 de la visita del Papa a València en 2006 han empezado a mostrar las líneas de defensa de los 24 acusados. El abogado del exdirector general de la policía nacional con Aznar y exconseller de Francisco Camps Juan Cotino ha aportado cuatro documentos nuevos a la causa para defenderse. Por su parte, otros acusados, como el exvicepresidente de Repsol y blanqueador de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, o el exdirector general de RTVV Pedro García han pagado ya 400.000 y 150.000 euros, respectivamente. Estos abonos evidencian que durante los interrogatorios confesarán los hechos para reducir sus penas, según el preacuerdo llegado con la Fiscalía Anticorrupción.

En las cuestiones previas hasta 13 acusados ya han anunciado su acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, confesarán en los interrogatorios y devolverán la responsabilidad civil solicitada en cada caso. A cambio, el Ministerio Público reducirá la petición de penas a estos acusados, en la mayoría de casos para no entrar en prisión.

Juan Cotino ha incorporado una demanda de conciliación contra el inspector de policía que lo incriminó presentado el 13 de marzo de 2014 y un informe del doctor Landete analizando la normativa canónica respecto a la emisión de señal de la visita del Papa. En concreto, defendiendo que la decisión que Canal 9 retransmitiera la visita del Papa fue del Vaticano y no del propio Cotino.

El abogado del también expresidente de Les Corts, también ha aportado un informe pericial sobre la titularidad de la Fundación V Encuentro. Este documento, entregado a otro procedimiento, concluye que la entidad es privada. El último documento de defensa es un fax remitido al juzgado de instrucción de marzo de 2014 para declarar voluntariamente tras conocer que se aparecía mencionado en la investigación.

El abogado de Pedro García ha anunciado su pacto con la fiscalía y ha renunciado a las testificales y pruebas. El exdirector general de RTVV ha empezado a pagar los 500.000 euros de responsabilidad civil con el ingreso de 150.000 euros en la cuenta del juzgado.

Ramón Blanco Balín ha ingresado otros 400.000 euros de la responsabilidad civil. El abogado del que fuera blanqueador de la trama Gürtel ha explicado que su cliente, “tras un proceso de arrepentimiento”, ha decidido ingresar el dinero “para reparar el daño causado”.

Varios de los empresarios imputados y empresas implicadas en el proceso también han anunciado en cuestiones previas que han ingresado su responsabilidad civil.

El abogado de Ricardo Calatayud, exdirector económico de RTVV también ha anunciado el pacto con las Fiscalía y renuncia a cuatro testigos y un perito. Lo mismo han hecho los también exdirectivos de la extinta televisión, Luis Sabater y José Llorca. Antonio José de la Viuda y Vicente Sanz han pedido ausentarse del juicio cuando declaren y mantendrán su inocencia. No han llegado a ningún acuerdo con Anticorrupción.

El exdirectivo de la televión Juan Prefaci tampoco ha llegado a acuerdo, pero ha pedido que no haya sentencia de conformidad al no haber llegado a pacto con todos los acusados tras haber decretado una causa el presidente del tribunal, José Antonio Mora.

Las cuestiones previas continúan con los demás acusados. Lo que sí que se ha confirmado es el cambio de orden de las declaraciones. La Fiscalía Anticorrupción pide para los acusados penas de hasta 40 años de cárcel.

El abogadi de la Fundación V Encuentro de las Familias, también presente en el proceso, ha dicho que la entidad forma parte de la Generalitat Valenciana -que asumió parte de la deuda para su extinción- por lo que sería “la responsable civil subsidiaria”.