'Ayesa: el nombre que une el caso del 3% de la Convergència de Artur Mas con las mordidas del PP de Camps'
La ingeniería andaluza Ayesa une dos de los principales casos de presunta corrupción política que se investigan en la actualidad, la Fórmula 1 de Valencia y la supuesta financiación ilegal de Convergència, la conocida como trama del 3%.
La Guardia Civil registró este martes durante cinco horas la sede central en Sevilla de Ayesa y su delegación en Barcelona por contratos que la compañía habría firmado entre 2008 y 2011. La firma sevillana está siendo investigada por una juzgado valenciano por el presunto amaño del diseño del circuito urbano de carreras que acabó en millonarios sobrecostes que apuntan a la presunta financiación irregular del PP de Francisco Camps. La UTE de la que formaba parte con la firma Typsa se constituyó después de la adjudicación del contrato.
Francisco Camps y Artur Mas coincidieron como presidentes durante ocho meses y el odio entre sus respectivos partidos motivó que Catalunya y la Comunitat Valenciana estuvieran años sin tener relaciones políticas. Una “guerra fría” con la que solo pudieron acabar los empresarios por su interés de mantener buenas relaciones entre dos socios comerciales estratégicos y el impulso del corredor ferroviario mediterráneo. Esta mala relación política entre autonomías parece ser que no fue un impedimento para que la ingeniería Ayesa trabajara en grandes proyectos con ambos gobiernos y en etapas coetáneas.
Ayesa ha negado que tenga ninguna vinculación con Convergència y sus gobiernos y fuentes del sector apuntan a que su relación es más cercana con el PSOE. De hecho su aterrizaje en Catalunya lo realiza con el tripartito liderado por el PSC y Convergència no llega al poder hasta diciembre de 2010.
Pese a esta afirmación de la compañía y su relación con los gobiernos de Artur Mas, la Guardia Civil apunta a que los registros que han realizado este martes “están relacionadas con la investigación del 3%”, gracias al análisis de una serie de correos electrónicos de uno de los investigados. “Fechados entre los años 2008 al 2011, de estos e-mails se obtuvo que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Catalunya, se habrían beneficiado del reparto de diversas licitaciones públicas”, explican fuentes del Instituto Armado tras la operación.
El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia investiga a la UTE en la que está Ayesa por prevaricación, malversación y falsedad documental. En esta causa está imputado Francisco Camps. Un ingeniero de esta unión de empresas denunció ante los investigadores que empezó a trabajar en el diseño del circuito antes de que supieran que eran adjudicatarios del contrato para diseñar el circuito.
Piensa el fiscal que el propio diseño habría permitido los posteriores sobrecostes que investiga otro juzgado, donde, además se indaga en la presunta financiación del PP valenciano.
