Un juzgado de Gandia, otro de Benidorm y dos de Madrid investigan un presunto caso de financiación irregular en el PSPV-PSOE y en el Bloc con una empresa como nexo de unión, la agencia de comunicación Crespo Gomar que montó actos y campañas de ambos partidos. La entidad con sede en Gandia y que ha sido extinguida realizó trabajos puntuales para los nacionalistas, pero fue la empresa de cabecera en organización de mítines con los socialistas de Joan Ignasi Pla -2000 a 2007- y la gestora posterior que presidió Joan Lerma y de la que fue secretario de organización Alfred Boix entre 2007 y 2008.
Esta empresa de publicidad creada en 2001, que llegó a ser la más importante de la Comunitat Valenciana en su sector con 64 trabajadores, vivió a la sombra de los socialistas y sobre todo de su poder de influencia en las comarcas de la Safor, la Marina y el sur de Alicante. La mercantil vivió los años dorados entre 2003 y 2007 -en 2006 obtuvo unos beneficios de 144.102 euros- y se hundió cuando Ximo Puig, apoyado por el clan de Gandia -máximo valedor de Crespo y Gomar-, perdió ante Jorge Alarte el Congreso del PSPV en 2008.
Ese Congreso supuso un punto de inflexión para Crespo y Gomar puesto que en 2009 pasó de 64 empleados a poco más de 20 con una caída de los ingresos del 43,8 % en 2008. La salvación a ese hundimiento, según reconoce la empresa en su informe de gestión de ese año, se la dieron dos contratos de cerca de un millón de euros con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una campaña para Navidad del Ministerio de Sanidad y otra del Plan de Vivienda. Ambos están siendo investigados por la justicia.
Concretamente la campaña de Sanidad se concedió desde la Dirección General de Consumo, que entonces encabezaba Etelvina Andreu, quien fue candidata a la alcaldía de Alicante en 2007 por el PSPV y cuya campaña dirigió precisamente la empresa de publicidad Crespo Gomar.
El otro gran pelotazo de Crespo Gomar en 2008 fue la participación en la organización del congreso del PSPV en Valencia, que montó la gestora socialista presidida por Joan Lerma. Alfred Boix, secretario de organización de la gestora y posterior mano derecha de Ximo Puig, fue el encargado de montar los actos que se celebraron en el Palacio de Congresos de Valencia en septiembre de ese año. Los fastos, en los que participó activamente la firma Crespo Gomar, superaron de largo los 800.000 euros, según ha podido saber eldiario.es.
La salida de Alfred Boix de la dirección del PSPV y la desaparición de Joan Ignasi Pla -que se fue al sector privado tras tener que dimitir en 2007 al trascender que un constructor pagó las obras de su cocina- fue en paralelo al hundimiento de Crespo Gomar. Y es que la nueva dirección de Jorge Alarte dejó de contratar con esta sociedad, en la que trabajaba el actual responsable de Expansión de Egevasa y exgerente de Imelsa, José Ramón Tíller.
Los años de vino y rosas finalizaron y las cuentas de la empresa de Alberto Gomar -hijo del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia, el socialista Antoni Gomar- y Pepe Crespo se resintieron hasta su extinción. En 2009 perdieron 538.359 euros, en 2010 1.961.683 euros y en 2011 457.760 euros. El 22 de febrero de 2011 entró en concurso de acreedores y en 2014 se extinguió.
La investigación abierta en los juzgados de Gandia -donde tenía la sede la empresa- y Benidorm apuntan directamente al clan de la capital de la Safor, uno de los principales pilares orgánicos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Como confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia abrió en diciembre de 2016 una causa tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc-Compromis entre los años 2007-2011. Se han investigado delitos de falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, en enero de 2018, se declaró no competente para proseguir con la investigación tras quedar descartado que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia.
La instructora se inhibió en favor de los juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, donde prosigue la investigación de los hechos denunciados. Según fuentes jurídicas, algunos de los delitos, como el delito electoral, podrían estar prescritos. De momento, el TSJ no facilitó información sobre si habría imputados en estos procedimientos.