No digo yo que Pablo iglesias para alcanzar un pacto de gobierno con el PSOE tenga que decir lo que Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”, pero sus apriorismos y rigidez ponen en serio peligro la negociación. No sé si es que la izquierda española de tan pulcra llega a ser tonta, o todo lo contrario, que tras los mínimos inasumibles de Podemos se encuentre la esperanza de que unas nuevas elecciones le den la batuta de mando del acuerdo.
Yo creo que más vale pájaro en mano, que es aquí y ahora cuando hay una posibilidad, difícil pero real, de que a España la gobiernen fuerzas progresistas y de que los que están a la izquierda del PSOE sean por una vez decisivos para prevenir que los socialistas sigan su tendencia a escorarse del lado liberal. La oportunidad histórica que tienen los partidos que pretenden el cambio no es conseguir que los catalanes celebren un referéndum, es corregir las tremendas desigualdades sociales que el modelo económico ha producido en nuestro país; es recuperar los derechos laborales perdidos; es elevar el concepto de salario digno; es garantizar unos ingresos mínimos de subsistencia; es blindar derechos básicos como la vivienda o el acceso a laos suministros energéticos básicos; es poder acceder a las prestaciones por dependencia; es asegurar libertades fundamentales como las que se ponen en cuestión con la “ley mordaza”; es tener un sistema educativo y una sanidad universales, gratuitos y de calidad; es poner medidas para dificultar la corrupción…
La cuestión territorial es importante, no puede dejarse de lado y tiene que ser abordada. Yo personalmente no estoy en contra de la celebración de un referéndum que, además de ser un procedimiento democrático (si se quiere se pueden encontrar los cauces para realizarlo dentro de la legalidad, como han hecho otros estados), daría la oportunidad de explicar detalladamente y desde una postura de igualdad, sin dar alas al actual victimismo, por qué a Cataluña no le interesa separarse de España, y creo que esa campaña pedagógica, en vista de los últimos resultados electorales autonómicos, que no dan la mayoría a los independentistas, acabaría decantando las cosas del lado de la unidad.
No obstante, si en las actuales circunstancias no se da el acuerdo entre partidos para que un referéndum sea posible, se debería avanzar en otras formas de diálogo para que Cataluña encuentre un mejor encaje en el Estado, pero de ningún modo esta cuestión debe anteponerse en un pacto de gobierno como prioritaria y de preocupación básica y universal de los españoles, porque no lo es, y ni siquiera de la mayoría de catalanes. El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión, dependiente de la Generalitat, publicado este mes, señala que el paro es la principal preocupación para el 33,6% de los encuestados, seguida de la insatisfacción con la política (19%) y las relaciones entre Catalunya y España (18,3%).
Seguramente la condición del referéndum sea una de las más inasumibles para los barones regionales socialistas, a pesar de que otros escollos dificultan la negociación, como la anteposición de los cargos que ocuparía en el Gobierno que ha hecho Iglesias, o el programa económico morado, con aumento de impuestos y petición de rebaja de las condiciones del déficit a Bruselas. No obstante, estas cuestiones parecen más salvables que la línea roja de la palpitante cuestión catalana.
Además, hay que tener en cuenta que no todos en Podemos entienden el empecinamiento en priorizar la consulta sobre la independencia en una formación cuya seña de identidad viene siendo la justicia social, como se encargó de recordarle a Pablo Iglesias la lideresa de la formación en Andalucía, Teresa Rodríguez.
Actualmente, no sólo se dan las condiciones de aritmética parlamentaria para intentar un pacto (a pesar de la incógnita sobre la postura que tomarían en la investidura las fuerzas nacionalistas), sino que también se dan las condiciones sociales: una mayoría de votantes progresistas, una población trabajadora machacada por la crisis y la credibilidad del PP bajo mínimos tras los últimos y múltiples casos de corrupción y el comportamiento de los populares ante ellos. El intento de blindar el aforamiento de Barberá hace aflorar la sospecha sobre el miedo que puede haber en Génova a que la senadora tire de la manta; la postura de Rajoy, presidente del Gobierno y máximo dirigente del partido, al tomar este tipo de medidas y hacer además como que los escándalos no van con él, como si ni fuese el máximo responsable de una organización que está hasta las cejas de corrupción, hunde su credibilidad; la decisión de Esperanza Aguirre de dimitir como presidenta del PP madrileño deja a Rajoy a los pies de los caballos y además se queda corta, porque quien no se cree digna de presidir un partido, no debe serlo tampoco para ostentar un cargo público.
Seguramente las bases y los votantes de los partidos de izquierda no les perdonarían que no fuesen capaces de llegar a un pacto tras el azote económico y social sufrido por España en los últimos años. Corregir las tremendas desigualdades creadas es la única cuestión de emergencia nacional y la única línea roja para todo aquel que quiera llamarse progresista.