Cuidado con el secuestro de libros: el juez enmienda la plana a la sustituta que ordenó retirar los títulos LGTBI

La campaña municipal del Ayuntamiento de Castelló que proporcionaba libros de temática LGTBI a los institutos de la ciudad no solo es legal sino que cumple con la ley autonómica. El titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castelló ha dictado un auto en el que avala punto por punto la actuación de la edil de Cultura, Verònica Ruiz, y reprocha a la Fundación Española de Abogados Cristianos que no aportara prueba alguna, ni siquiera indicios, de la supuesta ilegalidad de los libros. Cuidado con el secuestro de libros, viene a decir el juez en su resolución.

El reparto de los libros fue paralizado cautelarmente por la magistrada Carola Soria Piquer, en sustitución ordinaria de su compañero del Juzgado Contencioso Administrativo número 1, tras un recurso de la letrada de la entidad ultraconservadora, Polonia Castellanos. La jueza protagonizó este verano una sonada polémica al avalar el uso de una pseudoterapia a un paciente de COVID-19 en un hospital público, también como sustituta del mismo magistrado, quien finalmente acabó tumbando una resolución que escandalizó a la comunidad científica. La última cautelarísima de la magistrada fue criticada incluso por el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

La Fundación Española de Abogados Cristianos consideraba que los libros eran “ilegales desde varios puntos de vista”. Sin embargo, tras las alegaciones del consistorio y del Ministerio Fiscal, el juez reprocha a la entidad ultraconservadora que reprodujese “parcialmente el índice de uno solo de los libros”. La conclusión de los Abogados Cristianos carece del “necesario sustrato probatorio, siquiera indiciario”, sostiene el magistrado.

“Únicamente se hace referencia al índice de uno de los libros, cuando se pretende hacer extensiva la medida de suspensión también a los otros 31 libros, sin ofrecer más justificación”, agrega el auto. La Fundación Española de Abogados Cristianos argumentaba que las expresiones contenidas en uno de los libros atentaban contra la libertad religiosa e imponía a los padres una suerte de adoctrinamiento de sus hijos. “Alguno de esos libros no sólo incluye contenido sexualmente explícito sino que recurre al constante escarnio de las religiones”, aseguraba el grupo de letrados.

Además, el recurso de la entidad ultraconservadora “no contiene análisis alguno del contenido concreto de los libros en cuestión, ni siquiera de aquel cuyo índice reproduce parcialmente”. El juez incluso recuerda a la letrada Polonia Castellanos “la conveniencia de no banalizar” expresiones como “libros ilegales”.

El auto recuerda que no se trata de obras para la lectura obligatoria por parte del alumnado sino que se destinan al profesorado. La compra de los lotes de libros contaba con el informe técnico del bibliotecario municipal y, además, el uso que haga cada centro no depende del Ayuntamiento de Castellón (la competencia corresponde en todo caso a la Conselleria de Educación). Tampoco puede presumirse “un uso indebido o contrario a las previsiones constitucionales o legales”. 

Sin pruebas ni indicios

El juez también alude a un argumento que adelantó la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en el acto contra la censura celebrado en la Feria del Libro de Castelló. La campaña municipal se fundamenta en la ley autonómica del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, aprobada en 2017. Una ley que obliga a la Generalitat Valenciana a promover que las bibliotecas públicas, incluidas las municipales, cuenten con un fondo específico sobre la materia.

En definitiva, los “abogados más fascistas que cristianos”, como los llama Oltra, no aportan “prueba alguna de que el contenido de los libros donados atente contra los derechos humanos”. Así, acordar la medida cautelar del secuestro definitivo de los libros “equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares”. El auto impone las costas a la entidad ultraconservadora.

La resolución puede ser recurrida en apelación. la edil de Cultura, Verònica Ruiz, de Compromís, ha celebrado la decisión: “Es un acto de justicia social a favor de la comunidad representada bajo las siglas LGTBI y sus derechos”. Por su parte, la letrada Polonia Castellanos asegura en su cuenta de Twitter que la entidad seguirá “batallando”. “Gracias a un juez de Castellón se podrá distribuir libros de pornografía a niños desde 11 años”, ha escrito sin despeinarse.