La concejal de Cultura de Rita Barberá se lucró con comisiones ilegales
Maria José Alcón, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Rita Barberá, se “enriqueció cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos”. Así figura en el auto del juez instructor del 'caso Taula' que ha acordado levantar el secreto de sumario de la pieza separada sobre los contratos en el consistorio.
El caso de las 'mordidas' en el Ayuntamiento de Valencia por parte de concejales del PP también implica a Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, que confesó haberse convertido en un 'yonki del dinero', a Vicente Burgos, exmarido de la edil que controlaba la Fundación Jaume II el Just, y a Pedro Aracil, asesor de los 'populares' en el consistorio.
Según consta en un auto del instructor del caso Taula, pieza separada del 'caso Imelsa', de “lo actuado hasta el momento, y fundamentalmente el contenido de conversaciones grabadas a lo largo de los años 2005 y 2006 por Marcos Benavent, las declaraciones de éste, y el contenido de la documentación intervenida y análisis parcial de la misma por la Guardia Civil, revelan indicios que desde los cargos de responsabilidad que ostentaban los investigados Marcos Benavent, Vicente Burgos, y la que entonces era su esposa, María José Alcón, y el entonces asesor Pedro Aracil, se habrían enriquecido personalmente, cobrando comisiones ilegales de distintas empresas a las que por la Concejalía de Cultura se adjudicó diversos contratos”.
En una de las grabaciones, Alcón hablaba con su hijo sobre un supuesto sistema del PP local para aflorar dinero negro. La exconcejal de Cultura es además la actual pareja de Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia también en la época de Rita Barberá y uno de los acusados del 'caso Nóos'. El propio Grau dijo ante el juez que su mujer admitió en una conversación telefónica grabada por la policía la supuesta operación de blanqueo en el Ayuntamiento porque padecía serios problemas psicológicos.
El juez levantó el pasado viernes el secreto de sumario en el que se desvelan estas conclusiones. La investigación pone el foco en el presunto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de varios contratos que realizó la mencionada Concejalía, como por ejemplo los de la Mostra de Cine, la rehabilitación de las Torres de Quart o la construcción del centro cultural de La Rambleta.
Se investiga asimismo si el dinero podría haber financiado de forma ilegal al PP. Actualmente en esta pieza permanecen imputados -ahora 'investigados' con la nueva terminología de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- un total de 12 personas, entre ellas cargos del PP y empresarios valencianos. En el caso Taula se encuentran imputados todos los concejales del PP salvo uno, mientras que la exalcaldesa Rita Barberà está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su condición de aforada, ya que es senadora.
El mismo juez del juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha decidido prorrogar el secreto sobre la causa principal y otras dos piezas separadas iniciadas el pasado mes de julio hasta el 14 de septiembre.
