El sumario del caso Azud, en el que se investiga una supuesta trama de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones de obras y servicios, detalla cómo el cuñado de Rita Barberá, el abogado José María Corbín, pudo utilizar sus influencias para que el Grupo Acciona se adjudicase, en 2006, el contrato de saneamiento de aguas en Valencia por 15 años y 129 millones de euros.
En un extenso auto del pasado 4 de marzo, la jueza instructora detalla cómo el abogado José María Corbín, aprovechándose del hecho de que su esposa era la hermana y jefa de gabinete de la entonces alcaldesa de València, Rita Barberá, utilizó sus influencias para conseguir adjudicaciones municipales a cambio de comisiones ilícitas.
Una de estas operaciones, siempre según el sumario, al que ha tenido acceso EFE, fue la que permitió al Grupo Acciona hacerse con el contrato público de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento de la ciudad de València -en julio de 2006- por 129 millones y con una duración de 15 años.
Tanto el jefe de saneamiento como el del ciclo integral del agua se encuentran investigados en esta causa.
Acciona era la adjudicataria de la contrata del alcantarillado desde 1995 y finalizada su contrato en diciembre de 2006, por lo que los investigadores creen que resultaba de máximo interés para la empresa acceder a ese nuevo contrato.
Los intervinientes en la trama fueron, según se detalla en el sumario, Luis Castilla, responsable de una filial de Acciona; Diego Elum, abogado externo de esta compañía; José María Corbín; Carmen Manzano, jefa de servicio de Contratación; Joaquín Vañó, responsable del pliego de condiciones; Juan Bautista Calatayud, jefe de Saneamiento; y Juan Carlos Girbes, jefe del Ciclo Integral del Agua.
“Corbín se encargó de contactar con los funcionarios del Ayuntamiento para asegurarse de que el contrato que se iba a licitar fuera lo suficientemente impreciso y de que la valoración técnica, que era la de mayor puntuación, se otorgase a la UTE formada por Acciona
Los investigadores consideran que las valoraciones técnicas de las diferentes ofertas presentadas no estuvieron “mínimamente razonadas” y que “se condujeron con una total falta de objetividad buscada” con el único fin de que Acciona se adjudicase la contrata.
Además, el pliego de dicho contrato “contenía las suficientes indefiniciones” como para que la adjudicataria obtuviese más beneficios de los esperados y “cobrase cuantías superiores a las establecidas”.
Según se detalla en el sumario, en esta operación, el abogado Diego Elum cobró 2,2 millones de euros, de los cuales transfirió el 66 % a Corbín.
En otro apartado consta un informe de la UCO que atribuye al que fuese número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau, un “incremento patrimonial de origen injustificado de 730.000 euros, que se identifica con la utilización de fondos en efectivo entre 2004 y 2011”.
También hay constancia de que compró viviendas y locales a través de operaciones en las que pagó grandes cantidades en efectivo.
Tanto Grau como Rafa Rubio, entonces líder de la oposición y candidato socialista, disponían de cuentas bancarias y cajas de seguridad en las que ingresaron miles de euros.
En el caso de Grau se sospecha que fueron más de 400.000 euros, mientras que Rubio pudo obtener, según la UCO, comisiones de entre 300.000 y 750.000 euros.
El dirigente socialista llegó a hacer 14 ingresos en efectivo por 45.000 euros en 2007, 23 ingresos por más de 60.000 euros en 2008, 18 ingresos en 2009 por 54.000 euros y 15 ingresos en 2010 por 28.150 euros.