La economía languidece y el endeudamiento de las administraciones persiste. La Generalitat Valenciana roza los 30.000 millones de deuda, se sitúa al borde de la quiebra económica y se mantiene viva por las inyecciones de dinero procedentes del gobierno central. Ante esta situación agónica, surgen voces a la izquierda que reclaman una auditoria de la deuda y el impago de parte ella. Una medida que delante de la espiral de endeudamiento, irrumpe con fuerza en el debate de los movimientos sociales y las formaciones de izquierdas.
Una de las voces que lo reclama con más fuerza desde la sociedad civil es la Plataforma de la Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD). Una plataforma que nació en Madrid en 2012 y que tiene su ramificación en el País Valencià. Esta asociación ha lanzado un documento sobre el endeudamiento de la ciudad de Valencia desde el 2002 al 2012 para “concienciar a la gente ante la espiral de deuda que hay” como indica, Ángel Ambroj, miembro de la PACD-PV. En el informe denuncian cómo la ciudad de València ha pasado de tener una deuda de 631 millones a una de 1.298 millones y que el 15% del presupuesto se fue a pagar los intereses de la deuda en 2012.
Sin embargo, esto es solo el primer paso, hacia el objetivo de hacer una auditoría de la deuda y determinar la parte que es deuda ilegítima, según afirma la plataforma. “El objetivo es saber cuál es la deuda ilegítima, pero antes debemos hacer una tarea de conocimiento y conciencia” declara Mireia Royo, miembro de la PACD-PV. La plataforma dice que su tarea es de denuncia y que ellos “no son los expertos que van a decir a la gente que es deuda ilegítima y no”, reconoce Ángel, aunque sí que definen la deuda ilegítima como aquella “deuda contraída para unos fines que no ha beneficiado a la ciudadanía”, define Mireia.
Defienden una mayor transparencia en la administración para acceder a los datos y la realización de una auditoria de la deuda porque, según critica Mireia, “la deuda ahora mismo es inasumible. No se puede pagar”. Además, la plataforma ha realizado mociones a través de las formaciones de izquierda en distintos ayuntamientos del País Valencià y han creado grupos de trabajo en otras localidades aparte de València, como en Alacant, Alcoi y Elx.
Viabilidad y conveniencia de la propuesta
La deuda ilegítima no es un concepto nuevo y responde a un antecedente ampliamente documentado en el derecho internacional como es la deuda odiosa. Esta deuda se generaba en “regímenes despóticos en contra de los intereses de sus ciudadanos, por países colonizadores cuando subyugaban a la población autóctona, o por estados involucrados en un conflicto armado” según explica Manuel Illueca, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I. Recientemente, la deuda odiosa ha dado paso a la deuda ilegítima, que se define como “aquella deuda contraída por un gobierno, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país o aquella deuda emitida por las Administraciones Públicas cuyas fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros”, según afirma Juan Laborda, profesor de economía en la Universidad Carlos III.
Sobre la viabilidad de la propuesta, Laborda opina que es difícil llevarla a cabo “porque los distintos lobbies beneficiados de estas prácticas han actuado en connivencia con el aparato político”. Sin embargo, se muestra a favor de la medida, ya que para él no ahuyentaría a los inversores ni crearía inseguridad jurídica porque “una auditoría dejaría claro que no se asumiría aquella deuda que no corresponda con las necesidades del funcionamiento del Estado y que la inseguridad jurídica se deriva de la confusión entre intereses públicos e intereses espurios privados”. En cambio, Illueca, argumenta que esta medida generaría la sensación en el acreedor de que España no es un país fiable y “se restringiría la inversión extranjera”. Para él, sería mucho más razonable apostar “por mecanismos consensuados de reestructuración de la deuda”.
Debate y consenso en la izquierda valenciana
En el País Valenciano existe bastante consenso en la izquierda valenciana sobre la conveniencia de la medida. Julián López, portavoz de economía del PSPV-PSOE y profesor de economía en la Universitat d’Alacant, afirma que “debe cuestionarse el pago de cualquier deuda que presuntamente se haya contraído de forma ilícita, ya que para ello existen medios legales, que habría que explorar para evitar el pago de todas las deudas que puedan ser conformes a la legalidad”. Sobre un posible cierre de los mercados ante tal decisión, afirma que al contrario, “serviría para aclarar la situación”. Ignacio Blanco, portavoz adjunto de EUPV, defiende que es “imprescindible una auditoria de la deuda pública generada durante los sucesivos gobiernos del PP” y que se consideren ilegítimas “aquellas deudas públicas contraídas con opacidad democrática y con criterios ajenos a los derechos sociales, económicos y laborales”.
Compromís realizó un informe donde cifraba en 2011 la deuda ilegítima de la Generalitat en 2.942 millones de euros de deuda, aunque ha sido actualizado en 2012 elevando la cifra a 5.588 millones de euros. Según Enric Morera, portavoz de la formación, “es ilegítima aquella deuda generada para financiar y equilibrar las pérdidas por negligencia del PPCV en la gestión pública” y que la deuda no la debemos pagar los valencianos, ya que “nadie nos ha preguntado si queríamos endeudarnos para pagar obras faraónicas con sobrecostes y comisiones millonarias a cambio de un austericidio que nos ha sumido en la pobreza”.
En las fuerzas progresistas parece instalarse la idea poco a poco de hacer una auditoria de le deuda y distintas plataformas ciudadanas abogan por ello. El debate está servido ¿Impago de la deuda?