El Titular de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, cita a declarar como imputada a Sonia Castedo, el 16 de enero a las Diez de la mañana, por favorecer presuntamente al promotor Enrique Ortiz en el llamado Caso Rabasa. Un macro proyecto urbanístico que contemplaba inicialmente la construcción de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, además de una tienda de la multinacional Ikea. Un proyecto que muta al calor de la propia matriz sueca, en un macrocentro comercial de 400.000 metros cuadrados, después de que el Plan Especial fuera tumbado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y cuya tramitación a través de una Acción Territorial Estratégica (ATE), está pendiente de recibir el visto bueno del Consell.
Se trata de una declaración prevista inicialmente para el 27 de noviembre, que el magistrado que instruye la denuncia realizada por Izquierda Unida, acordó retrasar hasta decidir sobre la petición de nulidad de las actuaciones presentada, entre otras, por la defensa del empresario alicantino.
Juan Carlos Cerón decidió la actuaciones el pasado 17 de septiembre, tras conocer el informe policial elaborado por la brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se apuntaba una actividad “delictiva sostenida” por la alcaldesa de alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Díaz Alperi, en favor de los intereses del adjudicatario: el promotor Enrique Ortiz. Maniobraron, según el documento, en colaboración y connivencia con el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa jurídica del área, Isabel Campos, para la aprobación del plan Rabasa y la implantación en estos terrenos de la multinacional sueca, Ikea.
Además, han sido imputados un total de ocho personas entre las que destacan la secretaria autonómica de Urbanismo María Ángeles Ureña, el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado.
En 2012, Sonia Castedo todavía aforada, declaró en el TSJ por su imputación en la pieza separada del Caso Brugal, por el presunto amaño del Plan General de Alicante, también en beneficio del promotor Enrique Ortiz. Acumula los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
“Sí Castedo no dimite, la alcaldía de Alicante se sentará en el banquillo”
El Ayuntamiento de Alicante vive una “situación insostenible”, según los grupos de la oposición que califican de “intolerable” que Sonia Castedo acuda a declarar manteniendo su cargo de alcaldesa. Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, afirma que “de no dimitir será la alcaldía de Alicante la que se siente en el banquillo”. Desde UPYD, Fernando Llopis, afirma que es “una vergüenza” que en Valencia “vendan videos de regeneración” cuando permiten la situación de Sonia Castedo en Alicante. Responsabiliza, Llopis de la situación, no solo a Castedo, sino también a los ediles de su grupo “que, como hoy, la mantienen pleno tras pleno, en su cargo”, ha concluido.
El último pleno del año sin respuestas
“Le responderé por escrito”. Esa es la respuesta que la alcaldesa, Castedo, ha dado a Esquerra Unida, después de que el portavoz de la formación le preguntara, en el último pleno municipal de 2014, cuándo iba a dimitir a propósito de su doble imputación en los casos que investigan presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y en el Plan Rabasa.
Tampoco ha contestado el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, que también ha sido preguntado, en este caso por el edil socialista, Gabriel Moreno, sobre su dimisión, después de que se haya fijado fecha para el juicio oral por la presunta adjudicación irregular de las obras en la plaza Magallanes. Le vicealcalde, le ha remitido al primer pleno de 2015. La alcaldesa tiene 30 días para contestar por escrito y en caso contrario deberá contestar a Miguel Ángel Pavón de viva voz, también, en el pleno de enero.
Además, la mayoría absoluta del PP ha impedido debatir la moción presentada por UPYD, por vía de urgencia, para modificar el reglamento del pleno con el objetivo de impedir que un imputado por corrupción pueda presidir las sesiones plenarias cuando no esté presente la alcaldesa. Llopis habla de regeneración y transparencia “de pacotilla”.