La defensa del expresidente de la Diputación de Valencia reprocha a la Udef que incautara correos de hace casi dos décadas

En la primera sesión del juicio del 'caso Alquería', las defensas de la quincena de acusados han ventilado las cuestiones previas en las que han intentado torpedear la causa que afecta al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez. Su letrada, Ángela Coquillat, ha pedido que su cliente declare al final del juicio y ha reprochado a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que intervinieran los correos electrónicos de la cuenta personal de e-mail de Jorge Rodríguez desde el 2003.

La causa, por la que una quincena de acusados se sientan en el banquillo de los acusados, juzga la contratación de cargos vinculados al PSPV-PSOE y a Compromís como personal de alta dirección. Las acusaciones populares, que ejercen el PP y la entidad Acción Cívica contra la Corrupción, han retirado la acusación contra Pau Pérez Lledó. La Fiscalía Anticorrupción ya había retirado la acusación contra Pérez, que ha podido levantarse del banquillo de los acusados y abandonar la sala.

La abogada considera que la investigación supuso una vulneración de los derechos a la libertad, la intimidad y la intimidad de las telecomunicaciones. También ha incidido en que no había una orden judicial y en que Rodríguez, actual alcalde de Ontinyent, pasó detenido “31 horas y media” entre el 27 y 28 de junio de 2018. “No consta que Jorge Rodríguez pusiera impedimento alguno ni para que entraran ni para incautar los instrumentos telemáticos”, ha dicho. Tampoco “que tuvieran antecedentes policiales ni penales”, ha agregado.  

La defensa de Rodríguez ha anunciado acciones penales por la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, que supuso su dimisión del cargo y su salida del PSPV-PSPV. La letrada ha solicitado la nulidad de la incautación de los dispositivos y de la descarga de los correos electrónicos por parte de los investigadores de la Udef. “La cuenta de correo de mi cliente no era una cuenta corporativa”, ha abundado.

La Udef obtuvo así “10.000 correos” aunque analizó aquellos comprendidos entre 2015 y 2018. “La medida era desproporcionada porque la necesidad era muy concreta”, argumenta. También ha atacado la selección de los e-mail, que permitió a los investigadores apuntalar la acusación contra Rodríguez y el resto de cargos del PSPV-PSOE y de Compromís.

“Desconocemos cómo se ha hecho”, asegura la defensa del expresidente de la Diputación de Valencia, quien también ha sugerido que se podrían haber descartado e-mails que beneficiaran a Jorge Rodríguez sin que su defensa se haya enterado. Lea letrada ha destacado que en la remesa incautada había correos “con personas que nada tienen que ver con este procedimiento”.

El inicio de la vista se ha visto interrumpido por problemas técnicos de la transmisión de la imagen del juicio. La letrada de Jorge Rodríguez, Ángela Coquillat, también presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, ha sugerido que si se trataba de problemas técnicos vinculados a la retransmisión de la vista para la sala de prensa, se podía obviar el trabajo —avalado constitucionalmente— de los informadores.

La defensa de Ricard Gallego, por su parte, ha recordado que el acusado fue nombrado jefe de gabinete del entonces presidente de la Diputación de Valencia en 2016, un año después de que se efectuaran las contrataciones de los cargos de alta dirección. El letrado de Gallego también ha cuestionado a la acusación popular que ejerce el PP, de la que ha pedido su expulsión del procedimiento.