El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre la muerte de Marouane Abouobaida en el CIE de Zapadores de València el pasado 15 de julio tras la queja presentada por CIEs NO para exigir el esclarecimiento de todas circunstancias que rodean el suceso, así como que se “determinen responsabilidades por el fallecimiento de forma violenta de una persona que estaba bajo tutela del Estado”.
La versión oficial indica que este joven marroquí de 23 años se suicidó en la celda de aislamiento donde fue recluido después de una pelea con otros internos y que “no se pudo hacer nada para evitar que se quitara la vida”.
Sin embargo, CIEs No ha señalado que el propio Marouane dictó a un compañero un escrito dirigido al director del centro de internamiento de extranjeros de Valencia, una hora antes de su muerte, en el que explicaba algunas de las consecuencias de la agresión, como que no veía por el ojo izquierdo y la cabeza le dolía “mucho”, y aportaba un informe hospitalario de urgencias.
Este escrito fue entregado a la Policía, pero “no consta que provocara ninguna reacción por parte de la dirección del CIE”. Además, una tía de Marouane lo visitó en Zapadores una semana antes de su muerte porque ya había alertado a su familia de que lo estaba pasando “muy mal y no iba a poder aguantar mucho más”, aseguró la tía a la campaña por el cierre de los CIE. Además, durante la visita, le pidió que hablara con un abogado y que hiciera “todo lo posible por sacarlo del CIE”, según relatan desde esta entidad.
Queja ante el Defensor del Pueblo
Por estos hechos y por la necesidad de que se aclaren todas las circunstancias que concurrieron, días después de su muerte se presentó una queja ante el Defensor del Pueblo. CIEs NO aportó los comunicados que ha difundido sobre este caso y las noticias publicadas, donde constan “las exigencias de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva que incluya los testimonios de los internos que fueron testigos de los hechos”.
Tras estudiar la documentación, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, comunicó el 7 de agosto que se admitía a trámite la queja y se iniciaban las actuaciones ante los organismos administrativos competentes.
La asociación celebra la decisión adoptada por el Defensor del Pueblo y reitera su exigencia de que se clausuren todos los CIE porque “mientras permanezca alguno abierto seguirán muriendo personas encerradas cuyo único delito ha sido tratar de encontrar unas condiciones dignas de vida”, han señalado.