El Defensor del Pueblo envía a la Fiscalía la situación de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana que no han obtenido permiso de residencia

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha remitido una denuncia de la campaña CIEs No a la Fiscalía General del Estado, “a la vista de la cantidad de menores tuteados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen acceso”. Esta situación, según el escrito del Defensor del Pueblo, “dificulta tanto la asignación de un recurso para extutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes”. El organismo público también ha “iniciado actuaciones” ante la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por el caso en concreto de un menor.

La campaña CIEs No detectó a siete supuestos menores de edad encerrados en el recinto de Zapadores. De esos siete internos, cinco pudieron demostrar su minoría de edad, con su documentación o mediante pruebas para determinarla. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de València, encargado del control del CIE de Zapadores, rechazó la documentación aportada por los otros dos jóvenes, aunque finalmente fueron liberados ante la imposibilidad de deportarlos. 

Uno de los chavales contactó con la campaña, siendo ya mayor de edad, y contó que había tenido que abandonar el centro en el que se encontraba tutelado sin que se hubiese tramitado el permiso de residencia ni solicitado un recurso habitacional. El joven se encontraba sin papeles y viviendo en la calle. El chico contó que a otros jóvenes en su misma situación o no se les había realizado la solicitud para participar en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana o, habiendo sido tramitada, habían quedado en la lista de espera por la ausencia de plazas disponibles. A la mayoría, según CIEs No, no se les había tramitado la autorización de residencia. 

La campaña CIEs No, que ha llevado el acompañamiento de varios de estos casos, asegura haber contactado con hasta una docena de chavales en la misma situación. El Defensor del Pueblo, según la interpretación de la campaña CIEs No, ha puesto de manifiesto en su resolución el “incumplimiento de la propia Fiscalía de supervisar el funcionamiento” del departamento de Mónica Oltra, “competente en la protección de menores”.

Los centros de acogida, según fuentes de la Conselleria de Igualdad, tramitan la Renta Valenciana de Inclusión a los menores tuteados antes de que cumplan la mayoría de edad para que cuenten con los recursos mínimos para tener una vida emancipada. La renta, además, incluye itinerarios de inclusión que pasan desde ayudarles a seguir estudiando, buscar trabajo, habilidades sociales o desarrollo personal.

El sistema valenciano de emancipación (hogares para jóvenes de entre 18 y 25 años) cuenta con 122 plazas y la Red Mentora (tutorización sin acogimiento) ha realizado 407 atenciones. El departamento de Oltra, según lamentan fuentes consultadas por este diario, se limita a tramitar las solicitudes y queda, por tanto, sujeto a la Ley de Extranjería. “Esta ley no nos facilita para nada que estos chicos puedan obtener el permiso de residencia”, señalan.

Preguntada este miércoles por la resolución del Defensor del Pueblo, la vicepresidenta Mónica Oltra ha dicho que “el hecho de que no se les dé el permiso de residencia es una cuestión que esta conselleria ha trasladado reiteradamente a la Secretaría de Estado de Migraciones”. Oltra ha recordado que otorgar el permiso de residencia es competencia del Gobierno central.