Ahora que parece que el pluralismo moderado va a verse más reforzado que nunca en el sistema de partidos español, no es mal momento para replantearse si hay que adaptar la Ley Electoral a los fenómenos mediáticos de nuestros días.
Las Juntas Electorales constituyen unos casos especiales de Administraciones Guadiana, que aparecen y desaparecen. Deben resolver con particular inmediatez, pero también viven largas etapas de inactividad. Si este ha sido un año de gran intensidad electoral, los siguientes pueden resultar idóneos para abordar con mayor tranquilidad algunas reformas que sirvan para actualizar las instrucciones (en algunos casos, demasiado abiertas) de las Juntas Electorales.
Quienes pueden cambiar estas directrices, por el mismo hecho de haber alcanzado cotas de poder por estos medios, no observan incentivos para implementar las modificaciones. Sin embargo, se abre una etapa de mayor igualdad multinivel, la cual puede resultar más propicia para los pactos.
Y uno de los principios de madurez democrática estriba en el reconocimiento de la legitimidad, total y a largo plazo, de los resultados. Es la que le falta al PP cuando sataniza los gobiernos de mayorías propios de un sistema electoral proporcional.
Pero también es la que se echa en falta cuando los debates en medios de comunicación se organizan en base a las previsiones de las encuestas, en lugar de fundamentarse en los resultados electorales homologables (los de los comicios precedentes en la misma arena política).
Debido a la americanización de la política experimentada en los últimos veinte años (presidencialismo, fulanismo, telegenia…), hemos concedido una creciente relevancia a los debates y la presencia en algunos de ellos (básicamente, en medios privados) se circunscribe a esas fotos finish que nos muestran las encuestas. Por lo tanto, no queda otra que dar una nueva vuelta de tuerca al tratamiento de las encuestas en la legislación electoral. Más, si cabe, cuando existen razonables dudas sobre su manipulación para conformar tendencias (bandwagon, underdog…) de voto entre el electorado.
La legitimidad democrática que dimana de la voluntad del cuerpo electoral debe prevalecer sobre los intereses de audiencia de los medios de comunicación o la discutible capacidad de anticipación de algunas encuestas. Por no hablar de la desconfianza que generan entre el consumidor crítico.
Lo dicho, por otra parte, no ha de menoscabar la libertad de información de los medios de comunicación. Pero la igualdad política supone otro principio que no debe descuidarse, por lo que requiere de especiales garantías en los media. Una igualdad que ya ha empezado a resquebrajarse por el lado más débil. Quienes han tenido que recoger firmas para presentarse en las circunscripciones saben de lo que hablo…
En definitiva, es momento de rebajar cierta euforia detectada tras el debate a cuatro de La Sexta y poner al día el tratamiento de determinados fenómenos mediáticos con evidentes efectos electorales. O, al final, solo tendrán posibilidades de ganar las elecciones quienes sean merecedores de entrar con buen pie en la cocina de Bertín Osborne.