“El denunciante Luis Manuel Salom Andrés se limita a imputar al denunciado Pere Sixte Fuset i Tortosa, Concejal Delegado de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, un delito de prevaricación sin traer principio de prueba alguna, ni indicio sólido y serio de que nos hallemos ante una resolución administrativa arbitraria”.
Así de contundente se ha mostrado la magistrada del juzgado de instrucción 17 de València, en el auto en el que desestima la admisión a trámite de una nueva denuncia del asesor del grupo municipal del PP, Luis Salom. Un archivo que también había solicitado la Fiscalía Provincial de València.
En este caso, Salom acusaba a Fuset de fraccionar dos contratos relacionados con las pasadas fiestas navideñas para adjudicarlos como contratos menores (inferiores a 18.000 euros).
Uno de ellos estaba relacionado con la plataforma e iluminacuión para formar el buzón real de los Reyes Magos y el otro era para la carroza de correo real de la cabalgata de Reyes del 5 de enero.
Sin embargo, la jueza entiende que con independencia de que los contratos fueran suscritos con el mismo proveedor, “tienen por objeto distintos servicios y contenidos y a desarrollar en fechas diversas (...), siendo lógico que ambos contratos con distintos y diversos servicios contratados y en fechas distintas, se suscribieran por separado y no en un mismo contrato”, motivo por el cual, no admite a trámite la denuncia. Contra la resolución cabe recurso de reforma o de apelación.
Sobre el archivo de la denuncia, fuentes municipales han comentado que “era una decisión esperada porque había total convencimiento de haber realizado los contratos con todas las garantías legales, como es norma en cualquier gobierno honrado y transparente”.
Además, “el único objetivo de la persona denunciante, que está imputada al igual que 9 concejales de su grupo municipal, el del Partido Popular, es hacer creer que todos son de su misma condición, algo que los propios tribunales han rechazado de plano”.
Salom también es el autor de la denuncia por la que el Juzgado de Instrucción número 2 de València investiga otro supuesto fraccionamiento de contratos relacionados con la feria Expojove por parte de la Concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València.
Por esta causa, la magistrada ha llamado a declarar al interventor municipal y ha pedido un informe a la Udef (Brigada de Delitos Económicos y Fiscales del Cuerpo Nacional de Policía) para que investigue los posibles vínculos entre las empresas, el concejal Pere Fuset y su formación política, Compromís.
Recurso por la encuesta fallera
Por otra parte, fuentes municipales han informado que la Audiencia de Nacional ha admitido a trámite el recurso del Ayuntamiento de València contra la resolución de la Agencia de Protección de Datos relacionada con la polémica encuesta fallera.
La mencionada resolución considera que la encuesta sociológica realizada a 963 falleros incurrió en una infracción muy grave al vulnerar la Ley de Protección de Datos (LOPD) por hacer preguntas de índole político y religioso y no solicitar por escrito mediante firma la autorización de los encuestados para tratar sus respuestas.
Fuset siempre ha mantenido que este proceso ha sido una maniobra política del PP para desgastar al actual equipo de Gobierno, puesto que, tal y como ha recordado, la directora de la agencia, Mar España, fue estrecha colaboradora de María Dolores de Cospedal en el gobierno de Castilla la Mancha.