Correctivo judicial al denunciante compulsivo del PP de València por llevar a la vía penal temas administrativos
El Juzgado de Instrucción número 10 de València ha archivado la denuncia del asesor del PP de València Luis Salom, en este caso contra el concejal socialista de Hacienda, Ramón Vilar, por la exención del pago del impuesto de Plusvalías al PSPV tras la venta de su sede en la calle de Blanquerías.
En el auto de archivo, la jueza aplica un duro correctivo a Salom al afearle que recurra a la vía penal para un tema más propio de un contencioso-administrativo y que lo haga un mes después de que la Fiscalía archivara una investigación por el mismo asunto tras una denuncia de Ciudadanos.
La denuncia de Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, estaba dirigida contra Vilar y contra el secretario general del Ayuntamiento Pedro García Rabasa, quien se jubiló el pasado mes de junio, por un presunto trato de favor en la exención del pago de 104.000 euros al PSPV en concepto del impuesto de Plusvalías por la venta de sus sede, cuando al Partido Comunista se le denegó en primera instancia la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una exención que posteriormente sí que fue aceptada, tras recurrir los comunistas.
Sin embargo, entre otras cuestiones, la jueza argumenta que el acuerdo de la junta de Gobierno local por el que se acepta al PSPV la exención del pago del tributo no fue recurrida en su momento y que existe un informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de València que concluye que el PSPV cumple los requisitos legales para que se le aplique la exención, y por tanto asume la resolución de la mencionada junta de Gobierno.
En consecuencia, la magistrada entiende que no existen indicios de criminalidad en las personas denunciadas, por lo que procede a archivar la causa, contra la que cabe recurso de reforma.
Esta es solo una más de la quincena de denuncias que puso el pasado mandato el asesor popular, Luis Salom, contra diferentes cargos políticos de la izquierda valenciana. Hasta ahora, todas ellas se han archivado tras las declaraciones de los investigados y por tanto ninguna ha terminado en juicio.
Pese a todo, Salom vuelve a figurar en la nómina de asesores del grupo municipal popular, si bien es cierto que su portavoz, María José Catalá, ya advirtió que controlará de cerca la actividad judicial del polémico asesor. “Las denuncias judiciales se coordinarán desde el grupo popular y se presentarán cuando el proceso tenga posibilidades de prosperar”, aseguró Catalá.
Algunas de las denuncias que puso Salom en el pasado mandato siguen aún abiertas, pero con pocas opciones de acabar en juicio teniendo en cuenta el camino que han seguido el resto de asuntos.
Es el caso del presunto fraccionamiento de contratos por el que recientemente declaró como imputado el portavoz de Compromís, Pere Fuset, o el de una supuesta adjudicación a dedo de un estudio educativo por el que está imputada María Oliver, exportavoz municipal de València en Comú y ahora asesora del vicepresidente segundo del Consell por Unidas Podem, Rubén Martínez Dalmau.
En el caso de Fuset, el abogado del PP ni siquiera se presentó como acusación popular en su declaración, pese a ser Salom el autor de la denuncia, un trámite que le hubiera costado al partido 2.000 euros de fianza.
