El archivo de la enésima causa del denunciante compulsivo del PP le cuesta al Ayuntamiento de València 3.700 euros

La factura de la frenética actividad judicial que emprendió en el pasado mandato el asesor del grupo municipal del PP Luis Salom acaba de subir otros 3.700 euros para las arcas públicas del Ayuntamiento de València.

Salom, investigado (antes imputado) por presunto blanqueo en el caso Taula, presentó en torno a una quincena de denuncias contra una gran parte de los concejales del equipo de Gobierno municipal de Compromís, el PSPV y la ya desparecida València en Comú, todas ellas archivadas hasta ahora tras las declaraciones de las partes.

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes el reintegro de 3.700 euros al concejal de Comercio, Carlos Galiana (Compromís), en concepto de gastos de abogados tras verse implicado en una de las denuncias del asesor del PP, quien le acusaba de fraccionamiento de contratos.

La denuncia quedó archivada en noviembre de 2018 “al no quedar acreditada la comisión del delito de prevaricación de funcionario público”. En su momento, Galiana aseguró que Salom había mezclado temas de varias concejalías. “Me atribuye contratos que ni he firmado”, señaló entonces el concejal de Comercio.

El concejal de Compromís tiene derecho por ley a que se le devuelva el coste de su defensa al no poder optar a los servicios de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento por provenir la denuncia de otro empleado público del Consistorio.

Recientemente, el Ayuntamiento ya tuvo que abonar otros 2.200 euros en concepto de gastos de abogados a la concejala socialista de Deportes durante el pasado mandato, Maite Girau, por otra denuncia archivada de Salom, también relacionada con supuesto fraccionamiento de contratos.

Otros responsables políticos que han estado investigados por las denuncias de Salom que hasta ahora se han ido archivando tras las declaraciones son, por parte de Compromís, el alcalde de València, Joan Ribó, y concejales como Gloria Tello o Pere Fuset, a quien le han archivado al menos cinco causas. En su caso, lleva un coste acumulado en su defensa de unos 10.000 euros que en su momento podrá reclamar.

La exconcejala socialista Anaïs Menguzzato, por su parte, fue denunciada por falta de informes en un espectáculo pirotécnico, pero el caso ni siquiera llegó a admitirse a trámite.

Además, en septiembre de 2018 se archivó también la causa contra el número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler (PSPV). Salom le acusaba de haber cobrado de las Corts Valencianes sin ir a trabajar.

Los últimos casos que se han desestimado afectaron al concejal de Hacienda, Ramón Vilar (PSPV), y a la exconcejala de Vivienda y exportavoz de València en Comú, María Oliver,

Por último, está pendiente de resolverse un caso que afecta a la portavoz municipal del PSPV, Sandra Gómez, quien declaró recientemente como investigada por unos contratos de publicidad en prensa.

Sobre su causa en cuestión, Galiana ha comentado que “el PP lo ha vuelto a hacer, todos los valencianos y valencianas van a tener que pagar ahora otro capricho del asesor popular de los líos y el preferido por la señora Catalá, Luis Salom”.

El edil de Compromís ha comentado: “Es imperdonable que con casi 15 denuncias archivadas y con varias costas de juicios perdidos que tiene que pagar toda la ciudadanía, la señora Maria José Catalá lo mantenga en el cargo de asesor. Exigimos una disculpa pública del PP con el pueblo valenciano, porque consideramos que este dinero estaría mucho mejor invertido en la lucha contra el cronavirus, que en satisfacer las neurosis persecutorias de este asesor popular”.