La denuncia inicial que ha motivado el caso Alqueria parte de dos directivos de la empresa pública Divalterra que ya formaron parte de la saqueada Imelsa con Marcos Benavent, el autodenominado “yonqui del dinero”, y pata central del caso Taula. Ambos son los que acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a presentar la denuncia que fue asumida por el Ministerio Público y llevada ante el juez de instrucción. A partir de ahí, se sucedieron varios informes de la policía, una macrooperación con registros y la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez tras ser detenido y pasar una noche en el calabozo.
Se trata del director económico de Divalterra, José Luis Castellote, y del responsable del departamento jurídico de la empresa pública, José Luis Pellicer. Ambos formaban parte del equipo directivo de Marcos Benavent. En el caso de Pellicer, entró a dedo en 2013. Sus nóminas eran calculadas directamente junto a las del “yonqui del dinero” y otras siete personas por la directora de Recursos Humanos. Este hecho fue trasladado por la propia Divalterra a la investigación del caso Taula en 2016.
Su acceso, como el de todos los puestos que accedieron a la empresa pública Divalterra entre 2007 y 2014, fue irregular, como concluyó la Intervención General del Estado en un informe pericial presente en el sumario del caso Taula -que investiga el saqueo de la anterior Imelsa en la etapa del PP- y al que ha tenido acceso eldiario.es.
La denuncia de Pellicer y Castellote se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el 28 de febrero de 2018 y realizaron una ampliación de la misma el 27 de marzo. El 22 de marzo de ese mismo mes comparecieron como testigos ante el fiscal, el secretario de la Diputación de Valencia y secretario del consejo de administración de Divalterra, Vicente Boquera, y Alejandro Muñoz, auditor interno desde 2015. También acudió ese día a declarar María Yolanda Alonso, secretaria administrativa de Divalterra desde febrero de 2016, María de los Ángeles Ezquer, técnica jurídica de Divalterra, y Adrián Serra, de la auditora RSM.
El conflicto entre los cargos denunciantes y el presidente de la Diputación de Valencia y su equipo estalló con la llegada de Jorge Cuerda a la Diputación de Valencia, a quien Rodríguez pone a supervisar Divalterra, Egevasa y Girsa. El anterior gerente, Víctor Sahuquillo, dimitido por pagar gin-tonics con dinero público en diciembre de 2016, había alertado a Rodríguez de que “no controlaban” la empresa pública, relato escrito en varios correos electrónicos y presente en el sumario.
Según los denunciantes, en octubre del 2017 se habrían producido presiones e influencias por parte de Jorge Cuerda, jefe de asesoramiento jurídico, y Manuel Reguart, asesor de Rodríguez en la Diputación de Valencia, ambos imputados y detenidos en la operación Alquería.
Según la denuncia, Cuerda le habría dado instrucciones para que informara de que el motivo por el cual no se informó de la ilegalidad en las contrataciones fue que el anterior secretario del consejo de administración, Vicente Boquera, no advirtió de la ilegalidad de la contratación. Al negarse a emitir el informe jurídico que avalara las contrataciones, Pellicer habría sido destituido como secretario de Divalterra.
Cuerda, en una reunión del 18 de enero del 2018, en la que estaban presentes Pellicer, Castellote, Vicente Domingo y otra persona, manifiesta la necesidad de hacer legales las contrataciones ya realizadas, así como las dos nuevas, proponiendo una ‘ruta’ consistente en la nueva asignación de poderes, relata la denuncia. Pellicer añadió que en reiteradas ocasiones durante el mes de enero del 2018, recibió presiones de Cuerda para realizar un informe jurídico que ratificara las contrataciones realizadas y avalara las dos nuevas previstas.
Según la misma denuncia, el gerente de Divalterra y también imputado Xavier Simó, habría dicho a finales de mes de enero de 2018 a la cogerente Agustina Brines y a Castellote y Pellicer que debían seguir las instrucciones del presidente y ayudar para contratar a dos nuevos altos cargos del PSPV-PSOE, Victor Jiménez y Vicente Lucas Ferrando Zapater. Con estos hechos relatados por dos directivos de la empresa pública empezó la investigación.
Una guerra entre socialistas
En la denuncia contra Rodríguez y su equipo ha sobrevolado la sombra de José Luis Vera, director de los Servicios Jurídicos y de Transparencia de Divalterra, y una persona vinculada a los socialistas. De hecho, mantuvo una fuerte pugna con el presidente de la Diputación y su equipo.
Según revela el sumario, Vera ha denunciado en el juzgado que investiga el caso Alqueria una filtración de su nómina a un medio de comunicación. “El jefe jurídico de Divalterra cobró 560 euros de kilometraje cada mes durante su baja”, titulaba el periódico. El propio Vera reconoció el “error” y anunció que devolvería el dinero.