A Google le preocupa nuestra intimidad. Puede parecer paradójico dada la ingente cantidad de datos personales que almacena sobre nosotros pero eso es al menos lo que defienden sus responsables. Y no solo lo hacen con palabras sino también con hechos. Por eso han puesto en marcha un gran foro sobre el derecho al olvido que, iniciando su andadura en Madrid, finaliza esta semana en Bruselas.
El derecho al olvido saltó a la primera línea de la opinión pública cuando una sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea obligaba a Google a desindexar varios resultados que afectaban a la imagen pública de una persona anónima. La sentencia fue, sin duda, una buena noticia para la protección de los derechos individuales pero un mal precedente en lo que a derechos colectivos se refiere.
La manera en la que ha evolucionado la tecnología ha dejado totalmente obsoleta la legislación en materia de privacidad e imagen y esta sentencia es buena prueba de ello. Los mecanismos de defensa jurídica tratan de imponer mecanismos de protección que están pensados para medios de comunicación impresos y que, ya con cierta dificultad, se adaptaron a un entorno audiovisual. Convertirlos ahora en norma de un entorno digital es francamente difícil.
Además choca directamente con una de las mayores bendiciones que ha supuesto internet para el derecho a la información: la capacidad de acceso casi universal. Parte de culpa de la crisis de la prensa actual la tiene el hecho de que el papel convencional de los medios de comunicación como mediadores en ese derecho –de ahí el nombre– ha desaparecido y el público tiene ahora la capacidad de acceder directamente a muchas fuentes de información si necesidad del tamiz mediático.
El derecho al olvido que promueven estas sentencias choca directamente con este derecho a la información como en su momento este chocó con el derecho a la intimidad. Sin embargo dado que los derechos colectivos afectan a una mayoría deberían considerarse con una preponderancia especial. Aunque, obviamente, para que la información quede amparada por este derecho, aquello de lo que se informa debería tener relevancia pública.
Es encomiable que una empresa privada como Google decida amparar el debate sobre estas cuestiones. Y que para ello, obviamente, no solo se limite a tomar en consideración la opinión de legisladores y juristas sino que está tendiendo la mano a informadores y, todavía más importante, a historiadores. Porque ese derecho al olvido nos sustrae también de la historia.
A muchos de nuestros políticos les encantaría tener a su disposición un orwelliano Ministerio de la Verdad que se encargase de revisar la historia y la moldease a su expreso deseo. La información es nuestra última línea de defensa frente a esa manipulación. Por eso espero que en los debates que promueve Google quede bien claro que cada enlace que desaparezcan hoy puede ser un retazo de memoria que se pierde para mañana.