Así se destapó el saqueo de la familia Blasco a la sanidad pública valenciana: un soplo certero y ocho años de instrucción

“Investigad la empresa Tamazula SL”. En abril del 2014, a poco más de un año para las elecciones autonómicas que perdería el PP después de dos décadas en el Palau de la Generalitat, sonó el teléfono del grupo parlamentario de Esquerra Unida en las Corts Valencianes. Al otro lado del hilo telefónico, un hombre que aseguraba ser empresario pasaba un chivatazo a modo de venganza contra la familia Blasco. Tirando del hilo, la formación presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que desglosaba una presunta trama de corrupción liderada por Sergio Blasco Perepérez, sobrino del exconseller corrupto condenado por robar los fondos públicos de la cooperación valenciana.

Sergio Blasco, licenciado en derecho por la Universitat de València, fue director económico financiero del Hospital Provincial de Valencia entre 1997 y 2001 y gerente entre 2002 y 2014. Está casado con Deborah Salom Císcar, hija del primer matrimonio de Consuelo Císcar, exdirectora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) condenada por corrupción y esposa de Rafael Blasco. Forma parte de la segunda generación de una familia, oriunda de Alzira, que ha ostentado un descomunal poder en la política valenciana y cuya trayectoria ha acabado empantanada en numerosos casos de corrupción.

Los datos del Registro Mercantil mostraban que la empresa Tamazula SL, una instrumental sin empleados y dedicada a la compraventa y explotación de toda clase de fincas, aparecía en medio de una red de empresas con dos perfiles diferentes: firmas reales que habían recibido hasta 35 millones de euros en adjudicaciones del Hospital Provincial de Valencia y sociedades sin actividad alguna.

Las empresas visibles (Out Log SL, Kanbanlog SL y Connectall System SL) comparten como administrador a Miguel Sanfélix, un empresario del sector sanitario. Sin embargo, la mitad del accionariado de Out Log SL pertenece a Mantenimientos Paesvi SL, cuyo administrador único y accionista es un amigo de la infancia de Alzira del gerente del Hospital Provincial de Valencia: Francisco José Escandell Vila. Este último también aparece como administrador de otras empresas adjudicatarias (Cyomed Levante SL y Mantenimientos Integrales Turia SL, domiciliadas en Xirivella y Mislata).

Francisco José Escandell Vila también figuraba como antiguo accionista de Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL, una empresa adquirida por Francisco José Blasco Perepérez. El hermano del gerente del Hospital Provincial de Valencia, también procesado en el 'caso Osvaldos', aparecía como accionista de otras empresas (Estudios y Proyectos Sociosanitarias Xúquer SL y Sanygestión 2012 SL) en las que emerge un nuevo miembro de la familia: Francesc Blasco Tello, sobrino de Sergio.

Aunque la estructura de la red de empresas (unas que reciben las adjudicaciones y otras de la familia Blasco, todas unidas por Francisco José Escandell Vila) ya resultaba sospechosa, faltaba algún dato que confirmara una vinculación más sólida. Un trabajo académico de Francesc Blasco Tello, realizado para su licenciatura en administración y dirección de empresas de la Universitat Politècnica de València, apuntaló las sospechas casi por casualidad.

El documento trataba sobre la implementación de un sistema de gestión de calidad en la firma Out Log SL (la que más adjudicaciones públicas obtuvo) e incluía una lista de proveedores de la empresa. El trabajo académico indicaba que Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL (propiedad del hermano de Sergio Blasco) era proveedora de Out Log SL.

En conclusión: empresas que habían recibido adjudicaciones públicas millonarias del Hospital General de Valencia estaban ligadas a otras sociedades vinculadas a la familia del gerente que firmaba los contratos públicos del centro sanitario. La instrucción del 'caso Osvaldos', que se ha prolongado durante ocho años, ha confirmado que la red de empresas sirvió para canalizar “beneficios ilícitos” y el “cobro de comisiones” de las adjudicaciones millonarias. 

La rama internacional en Perú y Guinea Ecuatorial

Después de la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, hubo más soplos. Otras gargantas profundas revelaron que Sergio Blasco había pilotado la construcción de dos hospitales privados en Perú con una inversión de 100 millones de dólares, gracias a una cláusula de compatibilidad otorgada por la Generalitat Valenciana en su contrato de alta dirección, que le permitía realizar “colaboraciones internacionales fuera del territorio español”.

En un documento colgado en la página web del Congreso de la República de Perú, Sergio Blasco figuraba como “representante” de las empresas dedicadas a la construcción de los hospitales de Callao y Villa María del Triunfo en Lima. Un consorcio de firmas españolas, todas adjudicatarias del Hospital Provincial de Valencia, se encargó del proyecto en Perú.

Además, una ampliación de la denuncia de Esquerra Unida ante la Fiscalía Anticorrupción reseñaba otros proyectos en Guinea Ecuatorial y Angola, vinculados a Sergio Blasco. Todas las operaciones internacionales de la presunta trama exportaban el modelo de sanidad público-privada que armó el PP en la Generalitat Valenciana.

Puerta giratoria en República Dominicana

Sin embargo, esa pieza del 'caso Osvaldos' fue archivada. Cuatro meses después de su dimisión en 2014, el sobrino de Rafael Blasco se embarcó hacia República Dominicana. Durante los últimos siete años, mientras avanzaba la instrucción, Sergio Blasco ha sido director de proyectos, gerente administrativo y, finalmente, gerente general del Hospital Metropolitano de Santiago, un centro sanitario con el que había firmado convenios y proyectos cuando dirigía el Hospital Provincial de Valencia.

Además, Sergio Blasco se hizo en 2015 con el accionariado de Gestión Innovadora en Salud SL, una firma española cuyo accionista anterior fue José Juan Vázquez Bernia, en cuyo perfil de LinkedIn se presenta como técnico de mantenimiento (en el Registro Mercantil también figura como administrador de una peluquería domiciliada en Alzira).

El periodista Sergi Tarín, que ha seguido la pista de Sergio Blasco sobre el terreno en República Dominicana, recuerda que el Hospital Metropolitano de Santiago es “el más importante del país y probablemente uno de los más importantes del Caribe”. El centro privado incluye “a toda la flor y nata del país a nivel empresarial”, apunta Tarín.

Sergio Blasco fue detenido en Valencia, el 23 de marzo del 2017 de regreso de un viaje a República Dominicana, en una operación comandada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Con él cayeron prácticamente todos los miembros de la red.

La UDEF también realizó hasta 18 entradas y registros en domicilios y sedes de empresas, además de la Conselleria de Sanitat y el Hospital Provincial de Valencia, en busca de la documentación de las adjudicaciones millonarias. Sergio Blasco tuvo que pagar una fianza de 80.000 euros para recuperar su pasaporte y poder incorporarse a su puesto en República Dominicana.

Una trama de “cobro de comisiones”, según el juez

Un lustro después de las detenciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia ha colocado al sobrino de Rafael Blasco al borde del banquillo. El auto de procedimiento abreviado revela que el entramado de empresas sirvió para canalizar el “beneficio ilícito” obtenido con las adjudicaciones públicas, por un monto total de 35 millones de euros. Los pagos detectados de otras adjudicatarias a la red de sociedades pantalla responde al “cobro de comisiones”, señala el juez instructor.

Así, las pesquisas de la UDEF han acreditado que la trama del 'caso Osvaldos' pagó vehículos, viajes de lujo e incluso fincas y terrenos para Sergio Blasco. La red también abonó una visita de un día a Panamá por parte del entonces gerente del Hospital Provincial de Valencia.

El auto establece un esquema piramidal de empresas formado por tres escalones: las grandes firmas que obtuvieron 33 millones de euros en adjudicaciones, las medianas (dos millones) y un tercer nivel de sociedades pantalla, en el que se ventilaban los pagos y los “gastos particulares” de Sergio Blasco, sin actividad alguna, entre ellas Tamazula SL. El soplo anónimo que desencadenó la investigación dio en el clavo.