Un dictamen a 50.000 euros: el papel de los abogados especialistas en urbanismo en la trama corrupta del 'caso Azud'

Un dictamen jurídico a razón de 50.000 euros. Es la cantidad que facturó a la supuesta trama del 'caso Azud' el letrado Pablo Torres Domingo, investigado en la causa por los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el abultado pago sería una comisión para el abogado José Luís Vera, históricamente ligado al PSPV-PSOE, en el marco de una operación urbanística del empresario Jaime Febrer con el Ayuntamiento de Valencia. La UCO, según figura en el sumario del 'caso Azud' al que ha tenido acceso elDiario.es, reseña indicios de la “facturación ficticia por servicios aparentemente inexistentes” entre la mercantil Mediterránea de Actuaciones Integradas SL, de Febrer, y Somalo Tres SL, una sociedad dedicada a los servicios jurídicos y al asesoramiento de compraventa de inmuebles constituida por Pablo Torres Domingo y por su esposa, María Paz Sanfeliu Moreno, también investigada en la causa.

El abogado es funcionario de carrera desde 1998. El 30 de enero del 2020 fue nombrado, por el sistema de libre designación, letrado de la Agencia Valenciana Antifraude. Sin embargo, tras su imputación en el 'caso Azud' fue destituido “de forma fulminante”, según fuentes del organismo que dirige Joan Llinares. Pablo Torres Domingo colaboraba en la época de los hechos investigados con el bufete de Virgilio Latorre (abogado del socialista Rafael Rubio en el 'caso Azud'), un despacho en el que José Luis Vera, considerado un presunto conseguidor de la trama con los consistorios del PSPV-PSOE, tenía un “puesto de trabajo”, según el escrito de alegaciones de la defensa del exletrado de la Agencia Valenciana Antifraude.

En su declaración ante la UCO, Pablo Torres señala que José Luis Vera “tenía muy buena relación con políticos de la Comunidad Valenciana en el ámbito del PSOE” y se encargaba de “poner en contacto” al empresario Jaime Febrer con los cargos públicos socialistas. De hecho, los investigadores de la Guardia Civil intervinieron a la presunta trama corrupta una lista detallada de objetivos prioritarios en 24 ayuntamientos gobernados por el PP y en 13 con alcaldes socialistas.

El investigado “ni sabe ni supo si [Vera] tenía o no algún tipo de vinculación orgánica con el bufete, o si simplemente colaboraba, o si se limitaba a aportar clientes al mismo”, abunda el escrito. “Con el beneplácito del bufete”, José Luis Vera solicitó la colaboración de Pablo Torres Domingo “por su especialidad en Derecho Administrativo y Urbanístico”. Así, la firma Somalo Tres SL no era “una mera sociedad instrumental” ni una “empresa 'facturera', como se conoce a aquellas que se dedican a emitir facturas de operaciones simuladas, inexistentes o ficticias”, agrega el escrito de alegaciones.

José Luis Vera, casado con la exdiputada autonómica socialista Antonia Armengol, se habría embolsado 1,3 millones de euros de la presunta trama (sin contar el dinero en efectivo adicional) con “supuestas relaciones comerciales, contratos y facturaciones ficticias” por pagos por servicios “inexistentes”, según un auto de la jueza instructora del 'caso Azud'.

El dictamen encargado del que sospecha la UCO versaba sobre la viabilidad jurídica del pago en especie a distintas congregaciones religiosas titulares de colegios concertados, una de las subtramas investigadas en el 'caso Azud'. Las cantidades facturadas, sostiene la defensa de Pablo Torres, se ajustan a los “precios de mercado”. “Aparte de que los honorarios son libres entre abogado y cliente”, agrega el escrito de alegaciones, la cantidad representa el 0,15% “de lo que se está discutiendo” (un interés económico de 31,2 millones de euros). Adicionalmente, la empresa Somalo Tres SL y la firma de José Luis Vera facturaron conjuntamente asesorías jurídicas al empresario Jaime Febrer en el marco de una operación urbanística en Burjassot.

El “currito” de José Luis Vera

El escrito lamenta los “perjuicios infundados” que la instrucción ha causado al letrado. La defensa de Pablo Torres lamenta “lo desagradable de las entradas y registros” —a pesar del “trato exquisito de la Guardia Civil”— en su domicilio y en las viviendas de su madre, hermano y suegra. Además, también reseña que “fue invitado a presentar su renuncia voluntaria por el daño reputacional que podía generar a la Agencia [Antifraude] que su asesor jurídico estuviera investigado por presuntos delitos de corrupción y desvío de dinero público”.

El imputado se vio “obligado a volver” a su puesto de trabajo de técnico de la administración general en el Ayuntamiento de Godella, lo cual le ha causado un “daño económico, por la diferencia de retribuciones entre un puesto y otro”. También lamenta la incautación por parte de la UCO de su teléfono móvil y de su “ordenador familiar”, con “el evidente quebranto de la pérdida de los contactos y de la agenda, aparte de la necesidad de dar explicaciones a las personas que, llamando a su número, no lo localizan”. 

El escrito de alegaciones concluye con una indisimulada pulla a José Luis Vera. Pablo Torres dice haber sufrido la “aflición moral de verse investigado en una causa penal por no haber hecho otra cosa que trabajar en su oficio y ser requerido por otros al saber hacer lo que esos otros no saben, aunque tengan la misma titulación”. “Dicho en román paladino: por haber sido el 'currito' que sólo tiene conocimientos pero no tiene contactos, debe ahora responder y soportar las consecuencias de lo que han hecho —presuntamente— con sus contactos los que no tienen esos conocimientos”, apostilla.