Varios de los ultraderechistas que protagonizaron las salvajes agresiones del 9 d'octubre de 2017 se han librado, previsiblemente, de entrar en prisión tras un pacto de conformidad con las acusaciones. A la salida de la vista, en la que 26 de los 28 ultras han pactado condenas menores, un grupo de acusados ha lanzado graves amenazas a los participantes en una concentración antifascista en la entrada de la Ciudad de la Justicia de València.
Javier Estruch Cortés, alias 'El Alfarrasí', ha dicho a los concentrados: “Poco os dimos ese día”. Otro de los ultras ha gritado: “Nos habría salido más barato mataros”. Todo aderezado con saludos fascistas y con una amplia presencia de cámaras de televisión que han captado los insultos y amenazas.
En la vista, exclusivamente convocada para el pacto de conformidad, 26 de los 28 ultras han pactado penas menores. 'El Alfarrasí' y Javier Cervera han aceptado dos años de prisión, además de multas por delitos de lesiones y la prohibición de aproximarse a menos de 100 metros de los domicilios de las víctimas y a 300 de los actos y de las sedes de las entidades que convocaron la marcha atacada. La mayoría de los acusados han sido condenado por un delito con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales, con el agravante de odio.
Otros 21 acusados han aceptado un año y cinco meses y las mismas medidas de alejamiento, además de las multas. Otro ha sido condenado a un año por coacciones. El restante ha sido condenado a multas por delitos de coacciones y lesiones. Al inicio de la vista, algunos de los ultras han insultado a los medios de comunicación.
Los acusados que se han conformado ya han abonado un total de 46.000 euros en indemnizaciones y gran parte de los 49.000 euros en costas.
Las penas mínimas a las que han sido condenados la mayoría de los acusados implican la suspensión de la entrada en prisión, condicionada a la realización de un curso en materia de igualdad. Sólo la defensa de Pepe Herrero, autodenominado 'comunicador fallero', ha renunciado a alcanzar un pacto de conformidad. Su defensa, que ejerce Manuel Salazar, abogado de extrema derecha, alega que se usó un presunto “criterio político” para acusar a Herrero a modo de “ideólogo” de las agresiones.
El tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de València ha convocado a los dos acusados que no se han conformado para la continuación del juicio el próximo 4 de marzo. La sentencia incluirá, previsiblemente, la suspensión de la pena para los 26 acusados que han alcanzado un pacto de conformidad.
Un “logro histórico”, según las acusaciones
Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio en València, considera que “es muy importante que tenga una repercusión penal importante” y destaca las medidas de alejamiento de las víctimas y de las organizaciones que convocaron la marcha atacada que suponen las condenas.
La fiscal también ha destacado que la suspensión de la pena “va condicionada a que hagan un curso de igualdad”. Sobre los gritos que han proferido una decena de condenados a la salida del juicio, Gisbert asegura que “habría que ponderar qué relevancia penal tienen esas manifestaciones”.
Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià, ha celebrado el “logro histórico” de que la “impunidad” de la extrema derecha “haya cesado”. “Es una alegría contenida porque querríamos que las penas hubieran sido mayores”, ha destacado Oliver, quien destacó el reconocimiento de los hechos por parte de los ultraderechistas y el abono de las indemnizaciones.
Sobre las amenazas proferidas por algunos de los ultras a la salida de la vista, Anna Oliver ha afirmado que “el pacto pasa no por una pena de prisión y eso quizá les ha generado la sensación de impunidad, de que no han sido castigados”. Sin embargo, la letrada también recuerda que “las penas están suspendidas y cualquier nueva agresión puede ser objeto de un nuevo juicio que levante esa suspensión y que tengan que cumplir las penas de prisión”.
La letrada Maria Josep Martínez, de Alerta Solidària, que ejerce la acusación particular, considera que se trata de una “victoria” contra la “impunidad histórica de la extrema derecha en el País Valenciano”. La abogada también reconoce un “sentimiento agridulce” ya que las agresiones del 9 d'Octubre de 2017 “son hechos muy graves y las penas de prisión seguramente no se corresponde con esa gravedad pero es un pacto con las partes positivas y las negativas”.
Eugenio Ponz Nomdedeu, el único abogado de las defensas que se ha pronunciado tras la vista, ha valorado “estupendamente” y “muy positivamente” el acuerdo. “Las penas que pedían inicialmente las acusaciones superaban los siete años de prisión y se la ha llegado a una conformidad”, ha recordado el letrado.