La cadena de confesiones de empresarios, miembros de la trama Gürtel y el número dos del PP de Francisco Camps revelan un caso claro y evidente de financiación ilegal de un partido. De los días de juicio transcurridos se desprende que las acusaciones han conseguido demostrar a día de hoy ya los dos delitos por los que se abrió vista oral: el delito electoral y el continuado de falsedad. Pero parece que la causa no irá más allá. Ni por las autoinculpaciones ni por las cuestiones que formulan la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular.
“¿No se ha preguntado a los empresarios qué recibían cuando soltaban la mandanga?”, se preguntó Álvaro Pérez El Bigotes en su interrogatorio de la semana pasada en el que apuntó a Francisco Camps. Pues no, en las cinco sesiones de juicio nadie ha entrado en este tema ni en la causa por la que los patronos valencianos dieron generosamente unos dos millones de euros entre dinero B y pagos a Orange Market.
Reconocer que los empresarios financiaron irregularmente el PP valenciano a cambio de adjudicaciones en la Generalitat habría supuesto un problema para todos los acusados y la posible apertura de una nueva pieza en la que se investigaran los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por cierto, algo más que plausible porque estos delitos no estarían prescritos ni para Francisco Camps ni para los cargos públicos que hubieran permitido este trueque.
De hecho, en su confesión los empresarios reconocen los pagos de actos del PP pero no a cambio de qué. Tampoco el contable de Gürtel, Pablo Crespo, o el propio Ricardo Costa. Cierto es también que, en caso de que la fiscal hubiera planteado estos delitos, tal vez hubiera sido imposible otear un acuerdo con los acusados porque las penas de prisión se hubieran disparado. Eso sí, se podría abrir investigación contra cargos del PP a los que se ha acusado gravemente en el juicio y que se salvarán al haber prescrito los delitos electorales y la falsedad.
Guerra entre Costa y Rambla
Por otra parte, el juicio también ha evidenciado la guerra abierta entre dos antiguos compañeros de partido. Ricardo Costa y el exvicepresidente Vicente Rambla. El abogado de Rambla ha arremetido contra Costa al preguntarle si la trama le había regalado “una moto amarilla” o si el “chófer del empresario Gabriel Batalla le entregó dinero en metálico”. El exsecretario general del PP se negó a contestar. Antes, Costa había situado a Rambla como conocedor del pago de dinero B de los empresarios.