La Diputación de Alicante, en manos del PP y de Ciudadanos, prepara una auditoría externa de las subvenciones electorales investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Compromís, la formación que presentó la denuncia ante el Ministerio Fiscal, ha criticado el “proceso VIP” que diseña la institución provincial para que su presidente, Carlos Mazón, pueda justificar ingresos efectuados entre 2015 y 2019 por más de 446.000 euros al partido, “mientras que a la oposición se le ha iniciado un proceso de devoluciones de cantidades previamente acreditadas”.
La diputada del área de Administración General y Hacienda de la Diputación de Alicante, María Gómez, solicitó a la Intervención un informe sobre “las posibles formas de justificación de los gastos” efectuados por los grupos popular y socialista“ al transferir los fondos públicos a sus respectivas agrupaciones provinciales. El informe, al que ha tenido acceso este diario, sostiene que ”resultaría necesario disponer de los correspondientes documentos justificativos“.
“Teniendo en cuenta la insuficiencia de medios y siguiendo los criterios de actuación que se aplican en el ejercicio del control financiero de beneficiarios de subvenciones de la Diputación de Alicante, se realizaría mediante la contratación de [una] empresa externa especializada en auditoría”, reza el informe. La Intervención se escuda en que el control financiero de las subvenciones “no se realiza con medios propios” y en la “falta de medios humanos” en el departamento fiscalizador.
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha asegurado que la Intervención “contradice los anteriores documentos emitidos durante cuatro años por la propia institución” y “reconoce por primera vez que efectivamente el PP llevaría diversas legislaturas justificando fraudulentamente ingresos al partido”.
El pleno extraordinario de la Diputación, convocado para este viernes, aprobará previsiblemente la externalización de la auditoría. El informe, según Compromís, facilita que el partido que dirige Carlos Mazón, presidente a su vez de la institución, “pueda acudir a una auditoría externa para no tener que acreditar, como se ha exigido al resto de partidos, en qué se ha gastado la subvención pública de cada grupo político y si su gasto es acorde a la normativa de la Diputación”.
La institución provincial, en paralelo, ha abierto un procedimiento para que Compromís, entre otros partidos de la oposición, devuelvan parte de su subvención. Se trata, según Fullana, de una “vendetta” por haber destapado el caso. A la formación valencianista le resulta “estrambótico” que se les exija devolver “dinero previamente acreditado a todos los partidos mientras al PP se le abre un nuevo proceso a la carta para solventar irregularidades”. Fullana recuerda que tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía Anticorrupción analizan los ingresos en las cuentas del PP, una de ellas en una entidad bancaria murciana.
“La Diputación por fin ha admitido que la fiscalización al PP era fraudulenta”, destaca Fullana, quien reclama que “todo aquello que no han acreditado sea devuelto a las arcas públicas”. El portavoz de Compromís también ha pedido a Ciudadanos que “deje de ser el pagafantas del zaplanismo y no permita que se use la institución con fines partidistas”.