La Diputación de Valencia ha incoado expediente disciplinario al funcionario de carrera y jefe de Unidad de Actuación Bibliográfica Carles Recio, adscrito al centro Archivo-Biblioteca, que, supuestamente, cobró 10 años como jefe sin trabajar.
El proceso pretende esclarecer las reiteradas y continuadas ausencias en su puesto de trabajo, que pueden constituir faltas de carácter grave y muy grave recogidas en los artículos 141 y 142 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, explica la corporación provincial a través de un comunicado.
Este expediente disciplinario se abre tras conocerse a través de una denuncia periodística el pasado mes de enero la conducta del funcionario y es resultado del expediente informativo cursado “con inmediatez” desde el área de Personal tras constatarse los hechos.
Al mismo tiempo, la Diputación abre expediente disciplinario a la funcionaria de carrera María José Gil Martínez, directora del Archivo-Biblioteca y superior de Recio, por su actuación -por acción y por omisión- ante las reiteradas y continuadas ausencias en su puesto de trabajo del empleado. La actuación de Gil podría constituir igualmente faltas de carácter grave y muy grave.
La corporación provincial ha designado un instructor y un secretario para incoar el expediente disciplinario que depurará las posibles responsabilidades de estos funcionarios.
“Ejemplarizante”
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, manifestaba este jueves que confía en que, si se demuestran finalmente los hechos, se imponga a este funcionario una sanción que sea “ejemplarizante” para que situaciones como esta no se produzcan y para no perjudicar a la imagen de los funcionarios de la corporación provincial.
Agregaba que haber estado presuntamente diez años cobrando y sin cumplir con el trabajo asignado es, tanto “un caso de una cara dura extrema” como “un caso tristísimo que acaba ensombreciendo el trabajo que hacen un montón de funcionarios”.
Rodríguez, que subraya que la Diputación de Valencia cuenta con 1.300 funcionarios, ha apuntado que situaciones como la que supuestamente ha protagonizado Recio “evidencia que lo que entendíamos que eran controles suficientes” del personal, “fichando al entrar y al salir de su puesto de trabajo y dando por hecho que el tiempo transcurrido entre estas acciones se ha estado trabajando”, se ha puesto “en duda”.