Los responsables de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València no entendían cómo el o los estafadores que birlaron cuatro millones de euros pudieron obtener las firmas de los apoderados que permitieron realizar ocho transferencias a dos cuentas en Hong Kong. Algo no cuadraba.
El monumental fraude saltó por los aires el 23 de septiembre, cuando el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, alertado por el gestor de la cuenta de Caixabank, ordenó abortar una transferencia de casi 700.000 euros.
Aquel día, la jefa de Administración de la empresa pública, Celia Zafra, visiblemente afectada, imprimió por orden de sus superiores todos los correos electrónicos intercambiados con el falso abogado de Deloitte que durante 20 días le había ordenado transferir los fondos. Sin embargo, según denunció más tarde ante la Policía el gerente de la EMT, Zafra omitió que había enviado al o a los estafadores dos e-mails “fundamentales para el esclarecimiento de los hechos”.
La única investigada en el caso se olvidó de los correos electrónicos con dos documentos adjuntos de la empresa, “completamente ajenos a la pretendida operación”, que incluyen las firmas del gerente de la EMT y de la directora de Gestión, María Rayón. Dos días después de la denuncia inicial de la empresa, interpuesta el 24 de septiembre ante el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, García Alemany presentó un nuevo escrito en el que explicaba que los correos omitidos por Zafra “demuestran cómo obtuvieron las firmas de los apoderados de la EMT los usurpadores de su personalidad”.
El gerente de la empresa municipal acusa en la ampliación de la denuncia a la directiva investigada de haber cometido una “omisión significativa en el relato” inicial de los hechos que da cuando se descubre el fraude, según el atestado de la Brigada de Provincial de Policía Judicial al que ha tenido acceso eldiario.es.
La mañana del viernes 27 de septiembre, Celia Zafra fue despedida de la EMT por haberse saltado varios protocolos de seguridad de la empresa en la que trabajaba desde hace más de 35 años. Aquella tarde estaba citada como investigada no detenida pero se negó a declarar ante la Policía —prefirió hacerlo ante el juez— aunque su abogado apuntó que Zafra “no se niega a dar toda la información que se le reclama”.
La mujer, sin antecedentes penales, declaró ante el juez el pasado 12 de noviembre que no recordaba haber enviado los correos con las firmas de los apoderados. Cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia que investiga el caso le mostró los e-mails, Zafra reconoció por fin que sí que “los remitió”.
Los correos, enviados al timador durante la primera jornada de la estafa, incluían una factura y un documento interno de la EMT con las firmas de los apoderados. Zafra declaró ante el juez que “no puede recordar” el motivo que le coló el estafador para obtener ambas firmas. La factura, según especuló la investigada en su declaración, “quizá” la remitió porque el estafador le pidió los datos fiscales de la empresa que aparecen en el documento.
Además de las firmas de los apoderados, la directiva despedida también envió al estafador el 5 de septiembre los DNI de sus superiores para “facilitárselos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, según las fabulaciones de la voz telefónica que le daba las instrucciones para ejecutar la insólita operación. Cinco días después, Zafra le envió su propio DNI.
El juez mantiene a la exjefa de Administración de la EMT como única imputada en la causa que investiga la estafa en España. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Hong Kong investiga en paralelo el destino de los cuatro millones transferidos a Bank of China, tal como informó ayer este diario.