El nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), Eduardo Beut, nombrado por el PP y Vox en sustitución de Joan Llinares, inauguró el pasado 11 de noviembre una etapa de opacidad y de censura en el organismo. Ese día, Beut firmó la instrucción 2/2024, que regula la publicación de las resoluciones finales de investigación en el Portal de Transparencia de la AVA. Si en la etapa anterior Antifraude publicaba cada mes los informes completos, de decenas de folios y con los datos personales anonimizados, en la nueva era pilotada por Beut, las resoluciones finales de investigación aparecen reducidas a un par de páginas y desgajadas de la información de las pesquisas. De poco o nada sirve Antifraude si no cumple, tal como marca su ley de creación, con la obligación de rendir cuenta de los “resultados de su acción” a la ciudadanía.
La instrucción alega que del marco normativo de la AVA “se deduce la existencia de numerosas lagunas jurídicas” que “dificultan la aplicación práctica diaria de los preceptos”. Hasta el nombramiento de Beut, los informes se publicaban “con su contenido íntegro pero anonimizado”. “La enorme repercusión mediática que se ha provocado con la publicación realizada de esta manera sugiere que se estudie la manera de continuar con la publicación de dicha información sin afectar de una manera tan gravosa a los derechos de las personas afectadas por el contenido de dichas resoluciones”, afirma la instrucción dictada por Eduardo Beut.
Así, la nueva normativa reduce notablemente los informes finales de investigación, que durante la primera etapa de Joan Llinares al frente de la AVA incluían tanto las conclusiones de la investigación como las alegaciones de los afectados por las pesquisas. Esta semana se ha publicado una primera tanda de casi una veintena de informes, ya en formato reducido, que estaban pendientes desde el nombramiento de Beut.
En algunos casos se da una mínima información sobre la institución investigada. En otros, ni eso. Los informes relativos a las presuntas irregularidades denunciadas en el ámbito municipal ni siquiera detallan de qué ayuntamiento se trata. Un informe del pasado 7 de agosto, recientemente publicado, alude a un presunto conflicto de interés del secretario de una “Cámara de Comercio”. ¿Cuál de todas? Misterio (aunque es fácil deducir que se trata de la de Castellón).
Un informe, del pasado 27 de septiembre y de dos folios, alude a presuntas irregularidades en las ofertas de empleo público de un Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (se deduce que el de Castellón). El documento concluye con el archivo del expediente al haberse estimado las “alegaciones formuladas” por el consorcio. ¿Cuáles fueron las alegaciones? Misterio.
En otros casos, como en un informe del pasado 10 de octubre sobre un presunto fraccionamiento ilícito de un contrato, el documento sí que especifica que se trata de la Junta Central Fallera. También constan un par de informes relativos a la Conselleria de Sanitat (en ese caso sí que se detalla de qué departamento de la Generalitat Valenciana se trata).
Por el contrario, otro informe del pasado 11 de noviembre (la misma fecha en que Beut firmó la instrucción) alude a presuntas irregularidades “por parte del Ayuntamiento” (sin especificar cuál). Y así hasta casi una veintena de resoluciones finales de investigación.