Directores de colegios exigen retirar la consulta de la lengua base de estudio: “Es inaceptable desde un punto de vista pedagógico”

Directores de colegios de la Comunitat Valenciana reclaman a la Conselleria de Educación la retirada de la consulta sobre la lengua base -que la administración pretende abrir a las familias a partir del próximo mes de noviembre para que elijan si quieren que sus hijos e hijas estudien en valenciano o castellano- porque “alteraría el proceso de aprendizaje y adaptación del alumnado”, lo cual es “inaceptable desde un punto de vista pedagógico”.

La Associació de Direccions d'Infantil i Primària de l'Escola Pública del País València (ADEP-PV) ha hecho público un comunicado ante la situación derivada de la aplicación de la Ley 1/2024 de 27 de junio --la llamada Ley de libertad educativa-- en el que manifiesta su “profundo desacuerdo con el desarrollo y la implementación de esta ley en cuanto al tratamiento del proyecto lingüístico de los centros educativos”.

“Desde el primer momento, hemos expresado que esta ley no contempla adecuadamente las necesidades pedagógicas, desestimando los criterios y enfoques fundamentales para la correcta planificación educativa. Ahora nos encontramos, además, ante una resolución que regula la consulta a las familias sobre la elección de la lengua en la cual estudiarán sus hijos e hijas. Esta consulta, lejos de ser un mecanismo útil y efectivo, impone en los centros educativos una carga organizativa y burocrática inalcanzable, particularmente en un contexto en el que muchos de nuestros centros no cuentan con personal administrativo para gestionar este tipo de procedimientos”, argumentan.

Los y las responsables de los equipos directivos alegan varios motivos de rechazo a la resolución. El primero de ellos es la “incertidumbre organizativa”. “Cambiar la lengua base de enseñanza a mitad del ciclo escolar es pedagógicamente injustificable. Es la primera vez en la aplicación de una ley educativa que no se ha planteado un calendario de aplicación progresiva, lo cual desestabiliza tanto a los equipos docentes como a los y las estudiantes. Además, no se ha considerado el impacto en la red de libros de texto, un recurso esencial para las familias, condenado a desaparecer en el momento en el que cambie la lengua base”, alertan.

Igualmente, lamentan la “sobrecarga administrativa”, puesto que la resolución “obliga a gestionar una enorme cantidad de documentación de manera individual”. “Especialmente preocupante -apuntan- es la necesidad de atender familias sin acceso a medios electrónicos, ayudarlos a crear claves de acceso y garantizar la confidencialidad del voto, lo que añade una carga insostenible en nuestros centros. No nos podemos olvidar tampoco de los alumnos extranjeros sin NIE, cuyos trámites implican todavía más burocracia”.