El distrito único que propone el PP valenciano, ¿“garantiza” la igualdad de oportunidades o favorece la segregación del alumnado?

El pasado jueves se celebraba la mesa sectorial en la que la Conselleria de Educación presentó el borrador del decreto de admisión de alumnado en centros públicos y concertados de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. La norma tiene como principal novedad la recuperación del distrito único, eliminado por el primer gobierno del Botànic con Vicent Marzà como conseller de Educación. En palabras del director general de centros docentes, Jorge Cabo, se trata de una medida que “garantiza la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, elimina barreras geográficas, promueve la diversidad en las aulas y facilita la movilidad social”.

La intención de la Administración es “permitir una mayor libertad de elección de las familias” respecto de las escuelas a las que pueden optar, porque ahora muchos alumnos no estaban en igualdad de condiciones con otros al encontrarse en distritos donde hay menos centros docentes para escoger“. ”Los cambios facilitan que sean las familias las que elijan los centros“, según aseveraba el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una entrevista concedida a Europa Press hace unos días.

“La Comunitat Valenciana da un paso trascendental hacia la equidad educativa y la eficiencia administrativa con la presentación de un nuevo decreto que redefine el proceso de admisión de alumnado”, ha manifestado Cabo, quien ha explicado que el objetivo es que las familias “puedan elegir el centro educativo que consideren más adecuado, y por eso optamos por la implementación de un sistema de zona única, dejando atrás el enfoque previo basado en zonificación”.

Este cambio estratégico “responde a las limitaciones evidenciadas por el actual modelo de admisión, que ha afectado la libertad de elección de las familias y la inclusión efectiva de todo el alumnado en el sistema educativo”, ha señalado el director generala, quien criticó que la delimitación zonal, “a pesar de su estructura, ha dado lugar a situaciones desfavorables para las familias que, aun residiendo en las cercanías de centros educativos, no pueden acceder a ellos debido a las restricciones geográficas impuestas por la zonificación”.

“Con el propósito de superar estas limitaciones, el nuevo decreto busca otorgar menos peso al criterio zonal y permitir que las familias elijan libremente el centro que mejor se ajuste a sus intereses y convicciones”, ha manifestado Cobo.

Simplificación burocrática

Conselleria defiende que este cambio en el paradigma de admisión se traduce en la “simplificación del proceso, reduciendo la carga burocrática tanto para los centros educativos como para las familias”. 

Además, se anuncia un “innovador” enfoque en el proceso de admisión, dividido en tres fases: ordinaria, extraordinaria y continua. La fase ordinaria inicia el proceso estándar, la fase extraordinaria establece un procedimiento para la adjudicación de las plazas que han resultado vacantes en el proceso ordinario, y la fase continua se encuentra abierta durante todo el curso para atender escolarizaciones sobrevenidas, asegurando así, un acceso flexible y continuo.

“La propuesta consolida un proceso de admisión exclusivamente telemático, pero asegurando el acceso a aquellas familias que no dispongan de medios electrónicos o conocimientos suficientes”, ha explicado Cabo.

El director general ha subrayado que la presentación de este nuevo decreto “refleja un firme compromiso con la construcción de un sistema educativo más equitativo, inclusivo y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Esta transformación se presenta como fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes y para fortalecer la base de la educación en la Comunitat Valenciana”.

Críticas de familias y sindicatos

Desde el Sindicat de Treballadors del Ensenyament (Stepv) recuerdan que el sistema del distrito único ya estuvo vigente con los anteriores gobiernos populares: “Incrementó la segregación escolar por motivos socioeconómicos y únicamente benefició a la patronal de la concertada, que también defiende este modelo”. Y añaden que son las familias con más recursos económicos las que se aprovechan de esta medida para matricular a sus hijos en centros concertados alejados de sus lugares de residencia.

En opinión del sindicato, que ha solicitado la retirada del decreto, se está regulando una nueva normativa para atender “unos intereses minoritarios y particulares en contra del interés colectivo y en contra de principios superiores como son la equidad y la lucha conta la segregación escolar”. “Esta es la falsa libertad de elección de centro que únicamente es exclusiva para una parte de la población”, sostienen, para añadir que el decreto “fomenta claramente la red concertada en detrimento de la pública y alimenta la segregación escolar”.

Para la Confederación de Ampa Gonzalo Anaya eliminar las zonas escolares en la admisión de los alumnos va en contra en la libertad de elección de centro de las familias y solo favorece la selección de los alumnos y de las familias de determinados centros educativos. Esta línea, para la Confederación Gonzalo Anaya, es “altamente segregadora” y provoca, además, que el alumnado se concentre en unos centros educativos en detrimento de los otros que pueden perder matrícula y, por lo tanto, aulas y maestras.

“Esto no es bueno para el alumnado en conjunto como tampoco para la educación pública que acaba sufriendo los recortes”, ha destacado Rubén Pacheco, presidente de la Confederación Gonzalo Anaya quién señala que estos cambios previstos para el próximo decreto de admisión escolar “no ayudan en nada a la libertad de elección de centros de las familias, ni mejoran la educación de hijas e hijos en conjunto”.

Así mismo, afirman que cuando se aplican medidas como la zona única y no hay reserva de plazas, el sistema educativo “acaba segregando la infancia en función de las posibilidades económicas, creando los centros de tipos A y los centros de tipos B; se refuerzan también los centros guetos y esto es incumplir un principio constitucional que es la igualdad de oportunidades”.

“La zona única solo favorece en los centros concertados donde las administraciones acaban para transferir recursos económicos de la educación pública hacia la privada, tratando los niños y las niñas como si fueron clientes y haciendo que las familias acaban para pagar el derecho a la educación dos veces con los impuestos y con las cuotas encubiertas que cobran los concertados”, ha destacado Pacheco.

Los padres católicos, a favor

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) se muestra “totalmente a favor” de la modificación de la normativa de admisión de alumnos y considera “de especial importancia la recuperación del distrito único y los criterios de puntuación eliminados por el Botànic” al entender que es “una ampliación efectiva de la libertad de elección de las familias para el ejercicio de sus derechos”.

En un comunicado, la FCAPA constata, tras sus reuniones con las administraciones educativas valencianas, “un nuevo clima de recuperación de la libertad de educación y de los derechos de familias, docentes y titulares, que los anteriores gobiernos habían recortado”.