El conseller de Economía, Rafael Climent, ha afirmado que la ejecución del presupuesto de 2016 de su departamento, que asciende al 90 %, demuestra que no ha sido “un año perdido” y que, a pesar de las dificultades del proceso, las ayudas han llegado al tejido productivo.
En una entrevista con la Agencia Efe, Climent ha calificado estos números de “más que aceptables”, a pesar de la ley 1/2015 de Hacienda Pública de la Generalitat, del Sector Público Instrumental y de subvenciones, por la que el proceso mínimo para las bases de las ayudas públicas se prolonga durante seis meses, y que ha obligado al Consell a “ir más de cabeza de lo que deberíamos”.
“Los presupuestos marcan las intenciones pero cuando se liquidan, ese debate desaparece y la ejecución es lo importante”, ha opinado Climent para afirmar que la gestión ha sido “muy buena” y no ha sido “un año perdido” como dice el Partido Popular.
Ese mantra que repite el PP ha quedado desmontado con el dato de la ejecución del presupuesto, según el conseller, que recuerda que venimos de unos tiempos en que las ayudas salían a final de año y cuando los ayuntamientos ya habían ejecutado su presupuesto, por lo que muchas veces las ayudas no tenían sentido.
Como alcalde de Muro de Alcoy ha recibido de la Generalitat cuando gobernaba el PP las Órdenes de ayudas “el 27 de diciembre”, y no se podían ejecutar, algo que bajo su gestión “no ha pasado”.
“Es verdad que aún no estábamos dentro del modelo de sacar las ayudas el primer trimestre del año, como va a ocurrir este año, o anticipar las del próximo ejercicio, como queremos hacerlo a finales de 2017”, ha manifestado Climent.
Según critica, el PP “no es quien para dar lecciones a nadie”, e insinúa que con ese gobierno las ayudas se hacían a medida porque prácticamente nadie se podía acoger a ellas y unos pocos sabían que iban a ser publicadas.
“Se lo dijimos a las asociaciones, teníamos que cumplir la legislación vigente, llegando un poco más tarde, pero han llegado las ayudas en un porcentaje muy digno del 90 %”, ha reiterado.
Para cumplir con su modelo de concesión de ayudas, en el primer trimestre del año saldrán las ayudas de 10 millones de euros para siete sectores industriales (mueble, mármol, metalmecánico, azulejo, textil, juguete y calzado), dedicadas a inversiones.
También lo harán las ayudas de 17 millones para polígonos industriales en comarcas y que se podrán destinar a mejoras en fibra óptica, energías renovables, alcantarillado o accesos de tráfico pesado, entre otras actuaciones.
Asimismo el conseller ha asegurado que en la misma línea saldrán ayudas por valor de 3,1 millones para modernización de la industria.
En este primer trimestre se concederán las becas de internacionalización, 70 para prácticas en empresas valencianas con sedes en el exterior y 30 becas para prácticas en empresas exportadoras, en total por un importe de 1,5 millones.
La Conselleria está elaborando la ley de áreas industriales y el plan de reindustrialización -este último espera esté acabado en junio-, así como el Mapa de polígonos industriales.
En febrero o marzo se podría aprobar el anteproyecto de ley de la oficina de inversión extranjera, que permitirá a las distintas Consellerias una mejor coordinación y agilidad administrativa.
Esa oficina dará prioridad a los proyectos sostenibles en las vertientes económica, social y medioambiental, y a las inversiones de un mínimo de 600.000 euros o que dé empleo al menos a diez personas.
El conseller considera que el año pasado se pusieron las bases del nuevo modelo económico para la implantación de empresas a medio y largo plazo, y ha puesto como ejemplo el desbloqueo de Parc Sagunt y la venta de parcelas en otros polígonos como el de Tibi y el Tollo de Utiel.
“No hay ningún dato económico negativo en nuestro tiempo de gestión: el PIB ha mejorado, el IPI, las pernoctaciones, la afiliación a la Seguridad Social y el paro”, y entre los índices negativos, ha bajado en seis puntos el de personas en exclusión social, ha dicho. “Alguna confianza y estabilidad en la gestión estaremos dando”, opina.
Sobre el conflicto de los horarios comerciales, únicamente ha señalado que hay que dejar trabajar a la comisión del Observatorio del Comercio, y apunta que la solución “no será rápida ni fácil”.